Cerca de seis de cada diez adultos en Estados Unidos se manifiestan a favor de prohibir el acceso a redes sociales a personas menores de 16 años, según los resultados de una encuesta realizada por el Pew Research Center entre el 26 de mayo y el 1 de junio de 2026.

Este respaldo social se produce en un contexto global donde diversos gobiernos analizan restricciones legales más severas para proteger a las audiencias jóvenes.

El sondeo destaca que el apoyo a esta medida es transversal, encontrándose respaldo mayoritario tanto en distintas franjas de edad como en el espectro político.

Los padres de menores de 18 años muestran una inclinación ligeramente superior a apoyar estas restricciones en comparación con quienes no tienen hijos en ese rango de edad.

Medidas complementarias de control

Además de la prohibición total por edad, el estudio identifica un incremento en el respaldo público hacia otras políticas de regulación digital.

La exigencia de contar con consentimiento parental para crear cuentas, la implementación de sistemas de verificación de edad y la imposición de límites temporales en la navegación cuentan con un respaldo superior al 78% de la población adulta.

Estas cifras representan un aumento sostenido respecto a los datos recopilados en 2023. Actualmente, el 85% de los estadounidenses apoya el consentimiento parental, el 78% la verificación de identidad y otro 78% las restricciones de tiempo de uso.

Implicaciones para el ecosistema digital

La relevancia de estos datos radica en la presión que ejercen sobre los legisladores y las empresas tecnológicas. Mientras que en Estados Unidos entidades como California evalúan legislación específica, países como Australia, Canadá y el Reino Unido ya han establecido o consideran formalmente el límite de los 16 años como edad mínima de uso.

Para el ecosistema informativo y las plataformas digitales, este debate no solo implica un cambio en las condiciones de acceso y monetización, sino que plantea desafíos sobre la privacidad de datos, la gestión de la identidad digital y la responsabilidad social de las compañías frente al bienestar de los menores.

El siguiente paso en este escenario dependerá de la capacidad de las autoridades para traducir esta demanda pública en marcos regulatorios que equilibren la protección de los menores con el ejercicio de la libertad digital.