El ejercicio periodístico en varios cantones de Ecuador enfrenta una crisis de supervivencia debido a la injerencia directa del crimen organizado.
En zonas con alta presencia de mafias, los comunicadores han optado por la autocensura o el cierre definitivo de sus medios para evitar represalias mortales, según testimonios recabados recientemente.
Los periodistas afectados reportan que las bandas criminales dictan qué temas son publicados y cuáles deben omitirse.
Temas relacionados con muertes violentas o la mención de estructuras delictivas se han convertido en motivos de amenazas directas, que incluyen advertencias de asesinatos, torturas y ataques contra las familias de los comunicadores.
Esta situación ha provocado que gran parte de la prensa local abandone la cobertura de sucesos para enfocarse únicamente en contenido social.
De acuerdo con Fundamedios, desde 2024 se han registrado al menos 523 agresiones contra la prensa, una cifra que la organización considera subestimada debido al miedo de las víctimas a denunciar ante las autoridades.
César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, señaló que el retroceso en la libertad de prensa en Ecuador es crítico, destacando una caída sin precedentes en el ranking global de Reporteros Sin Fronteras durante el último año.
Las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay, El Oro, Loja, Los Ríos y Manabí concentran la mayor cantidad de alertas.
Esta escalada de violencia no solo afecta la integridad física de los periodistas, sino que también debilita el tejido democrático al impedir que la ciudadanía acceda a información veraz sobre la realidad de sus territorios.
La crisis de seguridad ocurre mientras el Estado ecuatoriano mantiene vigentes estados de excepción en diversas provincias.
Organizaciones de defensa de la libertad de expresión advierten que las instituciones democráticas están bajo una presión constante del crimen organizado, lo cual erosiona el derecho a la información y deja a la prensa en una situación de indefensión extrema.
