El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México informó su preocupación ante la aprobación, por parte de las autoridades y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que forman parte de la Junta de Gobierno, para ceder a la dirección del mecanismo la discrecionalidad de definir el catálogo de medidas para la protección de las personas beneficiarias.
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A través de un pronunciamiento, el Consejo Consultivo señaló que durante la Centésima Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno (JG), la Comisión Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección anunció un nuevo contrato con la empresa RCU que incluye un anexo técnico que no fue aprobado por la Junta de Gobierno, lo cual es una violación a la Ley que da origen al Mecanismo.
Dicho anexo técnico es un instrumento que recopila un catálogo de medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección que permiten establecer acciones institucionales que garantizan la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
De acuerdo con la Ley vigente, La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Asimismo señala que es la Junta de Gobierno quien tiene la atribución para “determinar, decretar, evaluar, suspender y en su caso, modificar las Medidas Preventivas y las Medidas de Protección, a partir de la información elaborada por las unidades de la Coordinación”.
Cabe mencionar, que durante el año 2019 se trabajó una propuesta con sociedad civil, periodistas y personas beneficiarias para ampliar el carácter de las medidas individuales pero también ampliar la cobertura a medidas de carácter colectivo y comunitarias bajo los principios de pro persona, perspectiva de género, intercultural y derechos humanos con el objetivo de mejorar las capacidades de la Junta de Gobierno para proveer mejores planes de protección.
“Sin embargo, de manera sorpresiva el 29 de abril la Comisión Ejecutiva Nacional informó a la Junta de Gobierno de la firma de un nuevo contrato con RCU y un Anexo Técnico que limita la capacidad de la Junta de Gobierno de brindar mejores medidas de carácter individual y contar con medidas de carácter colectivo y comunitario en los planes de protección, lo cual genera opacidad tanto en los procesos de contratación de medidas como en el otorgamiento de medidas complementarias e integrales”, se lee en el pronunciamiento.
“Hasta la fecha se desconoce el estado actual del instrumento, lo cual expone la discrecionalidad de las medidas tomadas y debilita su funcionamiento, además de limitar la participación de la sociedad civil a través del Consejo Consultivo”, se agrega.
El Consejo Consultivo hizo un llamado a la Coordinación Ejecutiva Nacional y a la Secretaría de Gobernación a respetar y fortalecer la gobernanza y autonomía de esta instancia máxima para la toma de decisiones del funcionamiento del Mecanismo. Así mismo, reivindicamos el compromiso del Consejo Consultivo de ser el órgano de consulta de la Junta de Gobierno y quienes promueven la defensa y protección de las personas defensoras de derechos humanos, colectivas, periodistas y sociedad en general.
Los firmantes del pronunciamiento son: Alberto Xiconténcatl Carrasco, Araceli Magdalena Rodriguez Navan, Atziri Ávila López, Sara Mendez Morales y Maurilio Santiago Reyes, defensores de Derechos Humanos; así como por Araceli Dominguez Nava y Lucía Lagunes Huerta, periodistas.
