En un hecho histórico, el primero en su tipo al que se llega en México en el caso de un periodista desaparecido, este miércoles se lleva a cabo en la ciudad de Empalme, Sonora, el acto de firma el Acuerdo de Solución Amistosa y Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad, por parte del Estado Mexicano ante las víctimas indirectas de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, ocurrida el 2 de abril de 2005.
“Estos acuerdos para nosotros realmente no son un punto de llegada, sino un punto de partida”, señala Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organismo que a lo largo de 16 años ha señalado la carencia de investigaciones oficiales eficientes y consistentes que mantienen la desaparición de Alfredo Jiménez en la impunidad y presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
CONSULTA EL ACTO DE RECONOCIMIENTO
En entrevista, Trotti señaló que ha sido un largo camino, junto con la CIDH, para lograr el Acuerdo de Solución Amistosa.
Explicó que junto con los familiares de Alfredo Jiménez –su padre, su madre y su hermana— , con quienes la SIP se ha mantenido en contacto durante todos estos años, y el reciente involucramiento de organismos como el Robert F. Kennedy Human Rights, “se tejió una estrategia dentro de la cual el gobierno de México aceptó hacer un Acuerdo Amistoso”.
“México tomó una actitud diferente, como Estado, y admitieron ante la CIDH, que estaban dispuestos a buscar un Acuerdo de Solución Amistosa”, reconoció Trotti, quien destacó la participación de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
Un Acuerdo de Solución Amistosa involucra tres puntos básicos:
Una Reparación Integral a los familiares de la víctima, tanto por daños materiales como morales. En la parte material que considera una indemnización para la familia.
En la Reparación Moral lo que se hace es ponderar el nombre de la víctima y su legado a futuro. En este caso, por ejemplo, se pide que se pavimente una calle que llevará el nombre de Alfredo. Esto será en Empalme, Sonora, donde vive su familia y de donde él era originario, así como la reparación de un monumento ya existente.
También hay medidas de No Repetición y de Justicia.
Las primeras tienen que ver con solicitar una serie de seminarios o cursos de perfeccionamiento del personal del ministerio público, que está encargado de los temas de Justicia.
Y la tercera medida tiene que ver con la Justicia en sí misma.
Trotti fue preciso al señalar que este Acuerdo de Solución Amistosa “no implica que se cierra el caso; se repara a la familia pero continúa la búsqueda de justicia y la exigencia al Estado mexicano a seguir buscando justicia por el caso de Alfredo.
“Nosotros seguimos exigiendo justicia, así como los padres y la hermana de Alfredo. Mientras tanto, agradecemos este gesto, que es muy importante en el sistema de derechos humanos, de responsabilidad que asume el Estado por no haber resuelto el tema, y de perdón”, expuso el director de la SIP.
Sobre el acto de perdón a la familia, que estará a cargo del subsecretario a nombre del Estado de México, señaló que “es un acto de contrición y donde se asume el compromiso de seguir buscando justicia, más allá de los temas de reparación y no repetición”.
Sin embargo, reconoció que en casos como este el punto más difícil de lograr es el de la justicia, por lo que es importante dar seguimiento, en lo que participará la SIP y la Alianza de Medios Mx.
UN CASO EMBLEMÁTICO
Trotti señaló que México tiene un gravísimo problema de impunidad en el tema de la violencia contra los periodistas con más de 150 casos de periodistas asesinados o desaparecidos desde el año 2000.
Adelantó que la SIP está cerca de conseguir un acuerdo similar en el caso de Manuel Oropeza, periodista asesinado el 3 de julio de 1991 en Ciudad Juárez, un crimen que está impune.
También siguen el de Benjamín Franco Ortiz, editor del semanario Zeta, asesinado el 22 de junio de 2004, en Tijuana, caso también impune.
“Yo diría que estos tres casos son emblemáticos para nosotros porque pueden ayudar a la Alianza de Medios Mx y a los periodistas a sentir que hay un poco de esperanza, que esto pudiera obligar al Estado a tomar más medidas de Justicia en casos de periodistas, que están impunes.
“Nosotros creemos que es la única forma que tenemos de combatir esto, la impunidad, la única forma de tratar de prevenir otros casos de violencia en el futuro. Que note la sociedad que el Gobierno está tomando esto con acción en México, es muy importante”, expuso.
“Estos acuerdos para nosotros realmente no son un punto de llegada, sino un punto de partida”, insistió.
“Para nosotros es el principio de algo mejor de lo que ha ocurrido los últimos 16 años; por lo menos ahora tenemos el compromiso firmado por el Estado mexicano para poder seguir exigiendo justicia de forma formal. Hasta ahora uno reclamaba a alguien y no te contestaban, y no hay ningún problema. En este caso ya hay un compromiso; el Estado asume ese compromiso de buscar justicia”, afirma el director de la SIP.
Sobre el resultado final, señala que no se puede ser pesimista ni optimista, “hay que ser realistas. Esta es una nueva realidad que empieza ahora”, concluye.
DESAPARICIÓN E IMPUNIDAD
Alfredo Jiménez Mota fue visto por última vez el 2 de abril de 2005.
En ese tiempo trabajaba como reportero de El Imparcial e investigaba los nexos con el poder del crimen organizado en Sonora. La noche de su desaparición se reunió con dos funcionarios, uno de ellos Andrés Montoya García, quien fue subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora.
Montoya García confirmó el encuentro. Declaró que se vieron en un supermercado y el periodista se fue para ver a otra fuente y no supo más.
También se sabe que la última llamada que recibió Alfredo en su teléfono fue del entonces subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sonora, Raúl Fernando Rojas Galván. Está registrada a las 23:04 horas. No hay registros de que fuera interrogado por este caso.
La señora Esperanza Mota, madre de Alfredo, ha declarado que tres hombres con la cabeza rapada habían seguido a su hijo una semana antes de su desaparición.
Para encontrar el paradero del reportero se inició la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIS/177/2005.
La SIP registró el caso con el número de referencia 13.0007, y la CIDH emitió el informe 58/15.
En los meses posteriores se reportaron varias ejecuciones contra el grupo criminal Los Salazar. Funcionarios de la desaparecida PGR aseguraron de manera extraoficial a periodistas que entre las víctimas de esos asesinatos se hallaban los autores de la desaparición de Alfredo Jiménez, quienes lo habrían privado de la vida y luego ocultado su cadáver. Se ignora si algo de esas presunciones figura en el expediente. Las autoridades realizaron varias pesquisas en el desierto de Sonora y luego nada, nada en 16 años.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene el expediente abierto, sin que se conozcan avances en las indagatorias, tampoco entrega informes a la familia del periodista desparecido o a sus representantes legales.
En contraste, testimonios recogidos por colegas de Jiménez Mota apuntan hacia la presunta complicidad en su desaparición de exfuncionarios públicos federales y locales y, como brazo ejecutor, al grupo criminal “Los Salazar”, ligado al Cártel de Sinaloa.
Ante la falta de avances en las investigaciones la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la demanda para exigir al Estado mexicano una respuesta.
Ahora, 16 años, ocho meses y seis días de la desaparición de Alfredo Jiménez Mota en Hermosillo, Sonora, se logra la firma de un Acuerdo de Solución Amistosa y Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad, por parte del Estado mexicano, un hecho que da a la familia un poco de alivio, pero no justicia.
