La libertad de expresión y de prensa en las Américas, medida con el Índice Chapultepec, registró en 2025 su nivel más crítico desde que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) comenzó a cuantificarlo, confirmando un deterioro sostenido del entorno para el ejercicio periodístico en el hemisferio.

Durante la presentación de resultados, Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP, advirtió que la caída del índice confirma una tendencia que la organización ya venía documentando, en la que destaca el debilitamiento significativo de las garantías para la libertad de expresión, incluso en democracias consideradas consolidadas como la estadounidense.

Agregó que este descenso en el Índice no solo está marcado por la violencia física, sino por el uso cada vez más sofisticado de mecanismos judiciales, administrativos y económicos para castigar, intimidar o silenciar a medios y periodistas. 

El análisis técnico, elaborado junto con investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, mostró que por primera vez una amplia mayoría de los países medidos se concentra en franjas de restricción, con seis naciones, y de alta restricción, con 8 países. En tanto, Nicaragua, y Venezuela quedaron en esta última categoría, denominada ‘Sin libertad de expresión'.

Libertad en Estados Unidos y México retroceden a niveles mínimos

Durante la presentación del índice Chapultepec 2025, León Hernández, coordinador del índice y fundador del Observatorio Venezolano de Fake News, expuso que uno de los hallazgos más llamativos del índice fue la fuerte caída de Estados Unidos, que descendió hasta la posición 11 y salió de la franja de “baja restricción” para ubicarse en “restricción”. 

Esta baja refleja un ambiente más hostil para la prensa, alimentado por recortes a medios públicos, exclusión de temas sensibles de la agenda pública y una narrativa política que estigmatiza a medios críticos.

El descenso estadounidense es particularmente relevante por el efecto que puede tener sobre el resto del continente. 

En este sentido, Hernández alertó que el tono confrontativo contra la prensa, cuando proviene de una potencia con fuerte influencia regional, tiende a reforzar estilos autoritarios y a legitimar narrativas que presentan a los medios como adversarios políticos.

Por su parte, México cayó cinco posiciones hasta el lugar 18, con su peor calificación desde que comenzó el índice. 

Aunque la actual administración federal ha sostenido un discurso formalmente contrario a la censura, la SIP observó una persistente ineficacia en la protección de periodistas y un aumento en el uso de herramientas judiciales y administrativas desde distintos niveles del poder para inhibir la crítica.

El deterioro en el caso mexicano no se explica únicamente por la violencia letal que implicó el asesinato de nueve periodistas en 2025, sino también por la expansión de formas más refinadas de presión, en las que actores políticos recurren cada vez más a demandas, acusaciones de difamación, procesos fiscales o causas penales en sedes judiciales lejanas al domicilio de los medios, con el objetivo de desgastar, intimidar y enviar mensajes ejemplares al gremio.

El acoso judicial se perfecciona

Durante la discusión del Índice, los expertos subrayaron que el acoso judicial se ha convertido en una de las armas más eficaces contra la prensa en la región. 

Casos en México y Ecuador ilustran esta tendencia, ya que ejecutivos de medios fueron sometidos a causas penales o administrativas con elementos irregulares, en procesos diseñados para humillar, inmovilizar o enviar una advertencia al resto del sector.

Este patrón aparece también en otros países del continente como República Dominicana, donde se denuncian formas sutiles de “mordaza” ligadas a la fragilidad económica y al uso discrecional de la pauta oficial. 

Además, en Panamá y Costa Rica se reportan presiones económicas y judiciales.  En tanto, en Argentina, la estigmatización presidencial ha alimentado agresiones contra periodistas, y en Guatemala, los investigadores hablaron incluso de “terrorismo judicial” contra la prensa.

“Esa sofisticación del acoso judicial fue señalada como una de las tendencias más preocupantes del año”, expuso Martha Ramos, directora editorial de la Organización editorial mexicana OEM y presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. “El poder utiliza con mayor frecuencia el lenguaje de la legalidad para perseguir periodistas y propietarios de medios”, ahondó.

Periodismo bajo asedio y en el exilio

Por su parte, el exilio en el periodismo latinoamericano se ha profundizado. 

El caso más visible es el de El Salvador, que cayó a la penúltima posición del índice y se consolidó como uno de los países con peores condiciones para el ejercicio periodístico en la región.

El periodista Sergio Arauz, jefe de redacción de El Faro y presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), describió el momento actual como uno de los más oscuros para el ecosistema informativo salvadoreño. 

Explicó que 2025 marcó una escalada represiva, con más de medio centenar de periodistas forzados al exilio y cerca de un centenar de defensores de derechos humanos fuera del país.

“El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, ha servido no solo como herramienta de seguridad pública, sino también como marco para la suspensión práctica de garantías y la criminalización de voces críticas. A ello se suman leyes como la de agentes extranjeros y un conjunto de normas orientadas a cerrar el espacio cívico, restringir el financiamiento independiente y convertir el periodismo incómodo en sospecha política”, expuso Arauz.

Arauz destacó además la instalación del miedo y la autocensura dentro del país.

En ese contexto, expuso que la supervivencia del periodismo depende cada vez más de redes gremiales, apoyo mutuo y trabajo colaborativo desde fuera de las fronteras nacionales.

La APES, explicó, se ha transformado en una especie de estación de emergencia, documentando agresiones, ofreciendo auxilio jurídico y tratando de sostener a colegas en medio de una presión estatal creciente.