Ecuador- A pesar del paso de los años y de la gravedad de los crímenes, la justicia ecuatoriana mantiene una deuda histórica con el gremio periodístico. En ninguno de los casos de periodistas, comunicadores, colaboradores y fuentes asesinados en el país desde 2005 se ha logrado juzgar a los autores intelectuales que ordenaron los crímenes.
Así lo revela el informe titulado “Sin verdad ni justicia: los crímenes contra la prensa en Ecuador”, presentado por la organización Fundamedios. El documento ofrece una reconstrucción minuciosa de la violencia letal ejercida contra la labor informativa, evidenciando un patrón sistemático de impunidad y opacidad institucional.
Un agravamiento reciente de la violencia
El informe advierte que la situación de seguridad para quienes ejercen la labor de informar ha empeorado drásticamente en los últimos años. Las cifras muestran una tendencia al alza: mientras que en 2022 se registraron múltiples alertas, en 2025 la cifra escaló a seis periodistas y comunicadores asesinados —el doble que tres años atrás—, y la violencia cobró la vida de dos personas más.
Pese a esta escalada letal, la respuesta del Estado continúa siendo insuficiente. De los ocho casos correspondientes a los años más recientes, solo dos cuentan con personas procesadas por el delito de asesinato. En tanto, expedientes como el de Xavier Ramos se tramitan legalmente bajo la tipificación de robo, y en el resto de los casos no se reportan detenidos ni avances significativos en las investigaciones.
Exigencias de verdad y líneas de investigación
Ante este panorama de impunidad, organizaciones defensoras de derechos y libertad de expresión han reiterado su exigencia a la Fiscalía General del Estado. Demandan que las investigaciones sobre estos crímenes se realicen de manera rigurosa, estableciendo como una línea obligatoria la posible relación de los homicidios con el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
La falta de sanción a los autores intelectuales no solo perpetúa la indefensión de los profesionales de la comunicación en Ecuador, sino que representa una grave amenaza para la democracia y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
