La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) junto con diversas organizaciones, dio a conocer hoy un informe sobre Nicaragua, en el que se documentan las crecientes violaciones a las libertades de expresión y de prensa y un aumento de las agresiones contra periodistas, activistas, medios de comunicación, estudiantes, clérigos, artistas y opositores políticos, entre otros actores.
El informe, elaborado en colaboración con un grupo de organizaciones regionales e internacionales de libertad de prensa y derechos humanos, expone que entre 2018 y 2024, el Estado de Nicaragua y sus funcionarios han intensificado y aumentado las agresiones selectivas contra periodistas, activistas, artistas, medios de comunicación, estudiantes, clérigos, opositores políticos, etcétera.
Detenciones arbitrarias, exilio forzado, retiro de la ciudadanía hasta el despojo de bienes y derechos básicos son acciones que se están convirtiendo en habituales.
En un comunicado la SIP explicó que desde el último ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización para las Naciones Unidas, la legislación aplicada en Nicaragua ha provocado una restricción del espacio cívico y de la libertad de expresión en el país.
De acuerdo con el Informe sobre la situación de la Libertad de Expresión en Nicaragua, el Estado se ha negado a cumplir los compromisos previos adquiridos en el proceso del EPU y no está protegiendo, ni garantizando estos derechos esenciales.
Recomendaciones a temas críticos
El Informe sobre la situación de la Libertad de Expresión en Nicaragua brinda recomendaciones específicas dirigidas a las autoridades de Nicaragua sobre temas críticos que afectan la libertad de expresión, de prensa y los derechos de periodistas y activistas.
Debido a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, y al consecuente retiro de la ciudadanía a al menos 317 personas, Nicaragua alcanzó la cifra récord de al menos 440,260 desplazados, que representa el 6.5% de su población.
Noventa de los despojados de su nacionalidad en 2023 son periodistas, diplomáticos, directores de medios de comunicación, miembros de la oposición, escritores y miembros de organizaciones de la sociedad civil, incluidas personas defensoras de los derechos humanos y activistas, indica el informe.
En este sentido, el Informe sugiere adoptar medidas inmediatas para restituir la nacionalidad a periodistas, escritores, activistas, defensores de los derechos humanos, disidentes políticos y otros opositores a los que se ha privado arbitrariamente de su nacionalidad como represalia por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Alto a la persecución y criminalización de periodistas
Respecto al tema a de la persecución y criminalización de periodistas y artistas, el informe pide cesar el acoso judicial, policial e institucional contra las voces críticas y contra quienes ejercen su derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica.
Asimismo, poner fin al uso arbitrario de mecanismos administrativos, legislativos, judiciales, financieros y policiales que impiden el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales en el país.
Por otro lado, aconseja se deroguen las leyes restrictivas que operen en contra del derecho internacional referentes a la libertad de expresión, libertad artística y de manifestación y que se adopten medidas inmediatas para liberar a todas las personas opositoras y críticas detenidas arbitrariamente.
“La libertad de los medios de comunicación se ha visto socavada mediante restricciones a la cobertura informativa relacionada con la pandemia del Covid-19, limitaciones a la información pública y amenazas al trabajo de los periodistas", expone el documento.
"También se ha producido un dramático aumento de la persecución, los ataques y la censura contra periodistas, incluyendo actos de difamación; restricciones en el acceso a la información y a internet; procesos civiles y penales; denegación de acceso a los servicios públicos, incluida la sanidad; detenciones arbitrarias; tortura; abuso del poder del Estado; secuestros; ataques de género; y asesinatos”, agrega.
Por último, ante el cierre y confiscación de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil/ONG, en la que 49 medios de comunicación han sido cerrados, el informe sugiere:
- Asegurar la libertad de los medios de comunicación permitiendo a periodistas, trabajadores de los medios y otros profesionales de la comunicación llevar a cabo plenamente su labor informativa
- Garantizar la seguridad de sus bienes e inversiones
- Propiciar un entorno propicio en el que puedan trabajar sin temor a represalias.
- Devolver los equipos de infraestructura confiscados a los medios, periodistas y opositores
- Poner fin a la campaña de persecución religiosa, especialmente contra los medios de comunicación de la Iglesia católica, y garantizar que operan en igualdad de oportunidades que los de otras iglesias o corrientes religiosas.
- Restablecer de inmediato la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil que han sido clausuradas y permitir que realicen su trabajo sin temor a represalias.
El informe destaca que junto con los cierres, los periodistas han sido víctimas de ataques, como el robo de equipos de producción y transmisión, acoso y asedio policial, retención de suministros, embargos económicos, redadas y cierre arbitrario de sus licencias.
En tanto, a las emisoras de radio se les ha prohibido cubrir las noticias y han denunciado constantes interferencias en sus frecuencias por parte de emisoras pro gubernamentales.
Asimismo, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) les ha cancelado sus licencias de radiodifusión basándose en falsas acusaciones de que operaban de forma irregular.
Además, desde 2018 a más de 3,500 ONGs se les ha cancelado su registro legal, según diferentes organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación.
“La aniquilación de organizaciones, especialmente las que trabajan por las libertades fundamentales, afecta a la democracia, reduce el espacio cívico y facilita el silenciamiento de las voces críticas y disidentes”, destaca el informe.
