La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que las periodistas Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, quienes enfrentaban procesos penales en San Luis Potosí por presuntos delitos relacionados con el uso de inteligencia artificial para manipular imágenes y videos, obtuvieron su libertad el fin de semana tras una nueva resolución judicial.
En una tarjeta informativa, la Secretaría de Gobernación señaló que, tras el análisis de las carpetas de investigación y la revisión de las medidas cautelares impuestas, un Juez de Control determinó su inmediata liberación.
Agregó que a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia (UASJ) y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, brindó atención a los casos de las comunicadoras y que mantendrá seguimiento del caso.
Asimismo, la Secretaría de Gobernación refrendó su compromiso con la protección de la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y la defensa de los derechos humanos, en el marco del respeto al debido proceso y al Estado de derecho.
Las periodistas fueron acusadas del supuesto delito contra la identidad de las personas, previsto en la legislación estatal que sanciona el uso de inteligencia artificial para alterar imágenes, audios o videos con el presunto propósito de afectar la reputación de terceros.
En este contexto, ciudadanas y ciudadanos de San Luis Potosí, con el acompañamiento de la organización Artículo 19, presentaron el viernes 5 de junio ante el Congreso local una iniciativa para derogar tres tipos penales incorporados recientemente al Código Penal estatal relacionados con el uso de inteligencia artificial.
El argumento es que dichos tipos penales representan una amenaza para la libertad de expresión y generan un efecto inhibitorio sobre periodistas, comunicadores y creadores de contenido, de cara a las detenciones y órdenes de aprehensión que han tenido lugar en semanas recientes.
La propuesta busca eliminar los artículos 187 TER, 272 BIS y 272 TER, aprobados a finales de 2025, bajo el argumento de que contienen definiciones ambiguas y discrecionales que permiten perseguir expresiones críticas y contenidos de interés público mediante mecanismos penales.
Persisten preocupaciones por impacto en la libertad de expresión
La detención de las periodistas generó preocupación entre organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión, que advirtieron sobre los riesgos de utilizar figuras penales relacionadas con inteligencia artificial para perseguir o inhibir el trabajo periodístico.
Agrupaciones civiles como la Alianza de Medios Mx, Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras externaron alertas por la aplicación de estas normas penales.
Argumentaron que su utilización podría generar riesgos de censura contra creadores de contenido, periodistas y comunicadores críticos a nivel local.
Asimismo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como organizaciones como el Committee to Protect Journalists, CIMAC y Propuesta Cívica, solicitaron que las autoridades garantizaran el debido proceso y evitaran el uso del derecho penal como mecanismo de silenciamiento.
No obstante, las investigaciones judiciales no han concluido, pues continúan vigentes diversas indagatorias radicadas en la fiscalía estatal contra otros administradores de plataformas informativas.
Entre los casos que permanecen bajo análisis se encuentra el de Christian Herrera, responsable de un portal digital en Ciudad Valles.
Con información de La Silla Rota
