El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas opera sin supervisión, con personal capacitado sin el perfil requerido, subcontrato a empresas de seguridad que a su vez subcontratan a otra; y con deficiencias en sus manuales operativos, de acuerdo con el resultado que arrojó la el reporte correspondiente al 2020 del tercer informe de la Auditoría la Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados.
En octubre de 2020 desapareció el Fideicomiso de Protección a Periodistas, el cual fue sustituido por un nuevo Fondo, el cual es el que opera sin supervisión, de acuerdo con la ASF.
El tema es sensible tras el asesinato de cinco periodistas en lo que va del 2022, lo que ha causado críticas nacionales e internacionales contra la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.. Además, en los últimos días comunicadores se han manifestado de manera pacífica contra la inseguridad en que laboran por lo que exigen al Estado cumplir con el respeto a su labor y defensa de la libertad de expresión.
“Respecto de la extinción del Fideicomiso, al 14 de julio de 2021 no se había dado cumplimiento al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2020, respecto de concentrar en la Tesorería de la Federación, al 31 de diciembre de 2020, los recursos disponibles, ni se realizaron los trámites para la extinción del mismo”, señaló.
Aunado a esto se encontró un pago a escoltas por más de 400 mil pesos sin aclarar por lo que se inició el período de información correspondiente.
FALLAS EN LA ESTRATEGIA Y FALTA DE COORDINACIÓN
La ASF encontró que los manuales de procedimientos de protección para defensores y periodistas no consideran los procesos y actividades que realiza el monitoreo nacional de las agresiones; esto con el fin de identificar los patrones de los agresores y elaborar mapas de riesgo, así cómo evaluar la eficacia de las medidas preventivas y medidas de protección urgentes.
Encontró también que la Guía de Utilización de Formatos para Entrevistas de Análisis de Riesgo presenta deficiencias porque la información que recopila no incluye, por ejemplo, “la periodicidad o temporalidad de cada proceso ni indica los casos en que se deban implementar las medidas de protección de manera individual o colectiva, la utilización de un refugio, escolta, la instalación de cerraduras y botón de asistencia”, enlistó.
Además, resaltó que el reglamento para la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas no se ha reformado en apego a lo que presentó el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre 2020.
FALTA DE PERSONAL CALIFICADO
La ASF encontró también irregularidades en el personal que integra esta Unidad. Por ejemplo, los 34 integrantes que integran las 3 unidades en este tema no proporcionaron la documentación que acredite que son los perfiles adecuados para sus puestos.
También documentó irregularidades en la contratación de escoltas pues en lugar de tener un contrato para estos, la Segob realizó una subcontratación. Y la empresa subcontratada, subcontrató a su vez a una tercera para realizar tal labor; se trata de RCU, Servicios, S.A. de C.V.
“Como resultado de la vista domiciliaria practicada a la empresa subcontratada, se comprobó que el personal que otorgó los servicios de escoltas se subcontrató con otra empresa, la cual no se señaló en el contrato formalizado con la Segob”.
La ASF también detalló que no opera adecuadamente la Central de Atención de Emergencias para el monitoreo de alertas de las personas bajo vigilancia, es decir, que reporteros y defensores de derechos humanos protegidos dependen de una central que opera de manera ineficiente por diversas razones. Una de ellas es que no se presentó evidencia del uso adecuado de alarmas ni bitácoras de llamadas telefónicas.
IRREGULARIDADES FINANCIERAS
El Servicio de Protección Federal desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no acreditó el pago de escoltas, aunque se pagó por el mismo 403 mil pesos mismos que se encuentran en proceso de revisión.
La ASF encontró en los reportes de pagos a estos que “no contaron con la firma autógrafa de validez del servicio ni con los nombres de los escoltas y no se proporcionó la memoria fotográfica y el perfil de los que prestaron el servicio”.
En cuanto a pagos de gasolina, localizados en la partida 36 “la bitácora de consumo de combustible de 2 vehículos no es coincidente contra el reporte de instalación”. También documentó irregularidades en el pago de alimentos a éstos.
También se encontró que los beneficiarios de este programa (periodistas y defensores de derechos humanos) no son capacitados para las acciones que éste abarca; y que, aunado a ello, cuando éstos reportan fallas en cada caso particular, la atención no es oportuna.
