La ausencia de una política de Estado para atender la violencia y los ataques a los periodistas del país quedó se evidenció en el inédito Tribunal de los Pueblos que este martes y miércoles se lleva a cabo en la Ciudad de México
La iniciativa fue promovida por las organizaciones defensoras de la libertad de prensa de Free Press Unlimited (FPU), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), así como Reporteros sin Fronteras (RSF), quienes convocaron a diversas voces de periodistas, activistas, abogados y exfuncionarios que evidenciaron las omisiones y deficiencias con las que a la fecha son investigados los asesinatos y desapariciones de periodistas por parte de las fiscalías estatales, así como de la Fiscalía General de la República.
En el marco de esta primera audiencia del Tribunal de Pueblos que, a decir de Balbina Flores tiene el objetivo principal de “visibilizar la impunidad que se ha arraigado en los crímenes contra periodistas y hacer llamado a las autoridades y a la sociedad de que es posible dar un paso encaminado a la verdad y la esperanza de las víctimas”, la cantautora Vivir Quintana dio a conocer su “anti-narcocorrido” en homenaje a Milo Vela y todos los periodistas silenciados en el país.
Tomando como antecedente el caso de Milo Vela, quien fue asesinado junto con su esposa y su hijo el 20 de junio de 2011, hace 11 años, durante el gobierno del hoy preso Javier Duarte.
Balbina Flores, representante de RSF en México, señaló a este Eje Central que se trata de “un caso emblemático porque reúne todos los patrones de impunidad y de violencia que resulta un espejo de todos los casos de periodistas asesinados en los últimos años y que a la fecha siguen ocurriendo”.
Con la observación de Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, y Almudena Bernabeu, procuradora del Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas, la abogada Sara Mendiola Landeros, directora de la organización Propuesta Cívica, aseguró que en las fiscalías, principalmente la FGR desvinculan las agresiones contra periodistas de su labor y aplican una “justicia selectiva” que impide dar con los autores intelectuales de los crímenes.
Por su parte, Lucia Lagunes, periodista integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas reconoció que hay una falta de coordinación en todos los niveles de gobierno para atender los ataques contra la prensa y urgió a la creación de una “política de Estado” a fin de atender y acabar con la impunidad desde “las instancias más altas”.
