Diez años después de que la Fiscalía de Veracruz no ha encontrado ni motivo ni a un autor sobre el asesinato de periodista veracruzano veracruzano Miguel Angel López Velasco, “Milo Vela”, el Tribunal Permanente para los Pueblos del Mundo quien retoma el tema.
El caso de Milo Vela será retomado este 2 de noviembre en La Haya, se hará una jornada de audiencia sobre las violaciones sobre la libertas de prensa en el mundo, se retomarán tres casos: Milo de México, Lasantha Wickramatunga, de Sri Lanka, y Nabil Al-Sharbaji, de Siria.
El objetivo del tribunal internacional es visibilizar el problema y responsabilizar a los Gobiernos, de acuerdo con Balbina Flores, de Reporteros sin Fronteras en México. El proceso fue iniciado por Reporteros sin Fronteras, Free Press Unlimited (FPU) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
CASO DE MIGUEL ANGEL LÓPEZ
Los últimos temas que abordó el periodista veracruzano Miguel Angel López Velasco, en el periódico regional mexicano Notiver, donde era subdirector fueron el feminicidio, nepotismo político y contaminación de agua potable.
El Estado había prometido ocuparse de esos problemas, nunca lo hizo. El 20 de junio de 2011, los asesinos atacaron mientras dormía, le dispararon a él, su esposa y a su hijo menor de 21 años, con más de 400 balas de fuego rápido. Los hijos mayores tuvieron que exiliarse.
"En más del 90 % de los casos, los autores pueden esperar salirse con la suya", explica a DW Balbina Flores, de Reporteros sin Fronteras en México.
La muerte de Miguel Angel López fue el “preludio de toda una serie de asesinatos de periodistas en Veracruz”, reconoció Balbina Flores. Entre ellos aparece el de Yolanda Ordaz, de Notiver, antes de su muerte había criticado la lentitud en las investigaciones por el caso de Milo. También se menciona el caso de Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso.
En ese entonces gobernaba Javier Duarte (2010-2016) del Partido Revolucionario Institucional, durante su mandato se asesinaron a 17 trabajadores de medios de comunicación.
En 2012 se aprobó la ley para proteger periodistas y activistas en peligro, pero dicho proceso ha sido burocrático y lento, de acuerdo con Balbina Flores.
