La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por el aumento de acciones judiciales en México que podrían constituir una forma de intimidación y criminalización contra periodistas que ejercen su labor informativa, tendencia que representa una seria amenaza al libre ejercicio de la libertad de expresión en la región, advirtió el organismo.

En particular la SIP destacó el caso del periodista Rodolfo Ruiz, director del portal e-Consulta, que en días recientes fue vinculado en Puebla a proceso por el presunto manejo de recursos de procedencia ilícita. 

El organismo destacó que el caso ha estado rodeado de señalamientos por presuntas irregularidades procesales y cuestionamientos sobre la solidez de las imputaciones.

Asimismo, la SIP destacó  caso del periodista Rafael León Segovia que fue imputado en el el estado de Veracruz por encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, en el contexto de su cobertura informativa. 

“Aunque finalmente se descartó la acusación por “terrorismo”, el caso fue calificado como un precedente peligroso por organizaciones como Artículo 19”, expuso. Al periodista se le impuso resguardo domiciliario por un año.

Llamado a respetar el debido proceso

Pierre Manigault, presidente de la SIP, advirtió que “la justicia penal no puede convertirse en un instrumento para silenciar voces críticas o incómodas”. 

Subrayó que la libertad de prensa es un pilar de toda sociedad democrática, y que el uso de cargos judiciales contra periodistas por el contenido de sus publicaciones genera un clima de censura e inhibición.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), hizo un enérgico llamado a las autoridades a respetar la presunción de inocencia, garantizar el derecho a una defensa plena y asegurar juicios justos y transparentes.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado seguimiento a ambos casos e instó a las autoridades mexicanas a respetar el debido proceso y las garantías judiciales.

Desde la Alianza de Medios Mx, hacemos eco de este llamado internacional para garantizar un entorno legal y judicial que respete el ejercicio periodístico, y reiteramos la importancia de proteger a quienes informan desde el compromiso ético con la verdad y el interés público.