El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, firmó ayer las Declaraciones de Chapultepec y Salta II, documentos clave de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que promueven la libertad de prensa y la democracia.
Con ello que se convirtió en el primer mandatario en suscribir la Declaración de Salta II, actualización del texto de 2018 que aborda los retos de la libertad de expresión en el entorno digital.
Mulino afirmó que "Panamá tiene un compromiso y esto es de verdad". La firma de estas declaraciones "genera más democracia", aseguró.
La ceremonia contó con la presencia de una delegación internacional de la SIP, encabezada por su presidente, José Roberto Dutriz, y representantes de medios de comunicación de diversos países.
Durante el evento, Dutriz destacó que la firma no solo es simbólica, sino una muestra del compromiso de Panamá con los valores democráticos fundamentales.
“La SIP seguirá acompañando a Panamá en este camino, promoviendo un entorno donde los periodistas puedan trabajar sin miedo ni restricciones”, aseguró.
La Declaración de Chapultepec fue adoptada en 1994 y establece 10 principios esenciales para garantizar las libertades públicas y los derechos humanos, con un enfoque central en la libertad de expresión.
La Declaración de Salta II, por su parte, actualiza este marco a los desafíos del ecosistema digital, incluyendo la inteligencia artificial y el impacto de las grandes plataformas tecnológicas.
Reuniones clave
Además de la ceremonia de firma, la delegación de la SIP sostuvo reuniones con la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, quien también suscribió ambas declaraciones, y con representantes de medios locales y asociaciones de periodistas.
Durante los encuentros, se discutieron temas como el acoso judicial contra periodistas, el acceso a la información pública y el manejo de la publicidad estatal.
En su reunión con Mulino, los delegados abordaron preocupaciones sobre demandas por difamación impulsadas por servidores públicos contra medios de comunicación.
Estas acciones, señalaron, buscan silenciar investigaciones periodísticas sobre corrupción y afectan la independencia de la prensa mediante el secuestro de bienes como garantía judicial.
Dutriz destacó que “exploramos soluciones legales y administrativas que permitan un equilibrio justo entre los derechos individuales y la libertad de expresión”.
