Un estudio realizado por Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) entre 2022 y 2023 reveló una serie de irregularidades y fallas en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran constantes cambios de personal, correos que dejan de funcionar, botones de pánico inservibles y discriminación por razón de género y maternidad. Además, se señala la falta de seguimiento a reubicaciones y la eliminación de medidas de protección a periodistas sin un análisis exhaustivo de cada caso.

Un ejemplo destacado es el caso de Alberto Amaro Jordán, director de La Prensa de Tlaxcala, quien había recibido amenazas directas del crimen organizado, su perro fue envenenado y sus hijos fueron seguidos a la escuela.

Una trabajadora del Mecanismo de Protección le informó con sarcasmo y risas que se le quitarían las medidas de protección.

Este caso, junto con otros, fue retomado por Amnistía Internacional y el CPJ en su informe "Nadie garantiza mi seguridad", presentado el 6 de marzo. El informe destaca la impunidad que prevalece en los casos de amenazas y asesinatos a periodistas en México.

Desde 2012, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (Feadle) solo ha obtenido 37 sentencias condenatorias por delitos contra periodistas, incluyendo amenazas, robos, tortura y homicidios, con condenas que van desde 2 días hasta 50 años de prisión. En cuanto a los asesinatos de periodistas, la Fiscalía Especializada solo ha logrado 8 condenas en el mismo período.

Dependencias no cuentan con información certera

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob), responsables de la operación y mantenimiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, no proporcionaron información crucial sobre el número de sentencias condenatorias relacionadas con los homicidios de periodistas, ni sobre el número de periodistas asesinados después de que se les negaran las medidas de protección.

La falta de transparencia se evidenció cuando la Segob afirmó no tener datos sobre las sentencias condenatorias relacionadas con 166 asesinatos de periodistas desde 2012. Esta falta de información refleja la opacidad que rodea a los casos de violencia contra periodistas en México.

Los testimonios de periodistas y colegas de periodistas asesinados revelan las deficiencias en el funcionamiento del mecanismo. Los constantes cambios de personal han llevado a fallos en la comunicación y a que personal no familiarizado con los casos realice evaluaciones deficientes.

Se ha destacado la necesidad de contratar personal con experiencia en seguridad y derechos humanos para mejorar el desempeño del mecanismo.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) no proporcionó información sobre sanciones a servidores públicos por su desempeño en el mecanismo. La falta de sanciones sugiere una falta de rendición de cuentas y refuerza la impunidad en los casos de violencia contra periodistas.

La impunidad en números

La Segob sí informó que, desde la fundación del mecanismo, se han asesinado a 8 periodistas que estaban bajo su protección. Al menos un periodista fue asesinado mientras estaba bajo su protección cada año desde 2017 y hasta 2022.

En Quintana Roo asesinaron a 2 (en 2018 y 2019), mientras que los otros 6 asesinatos se cometieron en los estados de Veracruz (2017), Baja California Sur (2019), Guerrero (2020), Sonora (2020), Oaxaca (2021) y Michoacán (2022).

Desde octubre de 2012 y hasta noviembre del año pasado, el mecanismo registró 834 ataques contra periodistas. De estos ataques, el mecanismo concluyó que 356 (43%) habían sido obra probablemente de funcionarios públicos y 276 (33%) de actores no estatales, posiblemente, grupos de delincuencia organizada.

“El mecanismo no pudo identificar a los probables culpables de los restantes 202 (24%) incidentes. Los ataques registrados incluían 34 casos de secuestro o privación de libertad, 193 actos de violencia física y 530 amenazas”.

Los testimonios recabados por Amnistía Internacional también reflejan la inexperiencia de quienes operan el mecanismo, la falta de seguimiento profesional a los casos y hasta prácticas violentas y de discriminación contra las periodistas que se ven obligadas a dejar sus hogares junto con sus familias.

“Son muy crueles con las mujeres, muchas de ellas desplazadas con hijos pequeños y las tratan muy mal”, dijo una mujer refiriéndose al personal del Mecanismo. Otra señaló que “no consideran si tienen o no discapacidad y cuál es esta”.