La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación y condenó la sentencia dictada contra el periódico Vanguardia de Saltillo, al considerar que sienta un precedente jurídico regresivo para la libertad de expresión en el país.
El Tribunal Colegiado en Materia Civil del Octavo Circuito de Coahuila rechazó el amparo promovido por Grupo Vanguardia contra la resolución de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del 9 de diciembre de 2024, que desestimó su apelación en un juicio por una supuesta deuda mercantil.
De acuerdo con el medio, el expediente avanzó con celeridad inusual y con criterios jurídicos insuficientes, al validar un adeudo 'inferido' sin un título ejecutivo con los requisitos de ley.
“El uso de procesos judiciales como instrumento de presión contra medios independientes constituye una forma de censura indirecta que erosiona la democracia”, afirmó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y CEO de La Prensa Gráfica de El Salvador.
“Todo indicio de que un litigio mercantil se instrumentaliza para castigar investigaciones periodísticas debe encender las alarmas de la sociedad”, añadió.
Entre las irregularidades señaladas por la defensa están la admisión de una copia simple de una escritura pública sin valor ejecutivo; el uso de un estado de cuenta emitido por una empresa cesionaria, y no por una institución bancaria, lo cual impide aplicar presunciones legales de validez; inconsistencias de fechas y ausencia de pruebas sobre la disposición efectiva del supuesto crédito.
Asimismo se reportó una inversión indebida de la carga de la prueba que obligó a la parte demandada a acreditar lo que correspondía demostrar a la actora.
Abogados han calificado como “extraordinario” que una apelación de miles de fojas se resolviera en 72 horas, cuando procesos similares suelen tardar entre un mes y 45 días.
Aunque los efectos puntuales aún no están claros, Vanguardia fue condenada a pagar una indemnización cuyo monto no ha sido determinado. Según el propio medio, se trata de una decisión de última instancia.
Hostigamiento sistemático
Vanguardia sostiene que el litigio forma parte de una campaña sistemática de hostigamiento legal y persecución personal iniciada en 2016 por el exgobernador Humberto Moreira Valdés, tras la cobertura del diario sobre su detención en España por presuntos delitos financieros.
En abril pasado, la SIP ya había advertido sobre presiones judiciales contra el medio, a las que calificó como una forma de represalia por su labor informativa.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, subrayó que la sentencia no solo pone en riesgo la estabilidad económica de un medio, sino que priva a sus audiencias del acceso a información de interés público.
“La libertad de expresión no es un privilegio de los medios: es un derecho de toda la sociedad”, afirmó la directora general editorial de Organización Editorial Mexicana (OEM).
La SIP reiteró su llamado a que las disputas judiciales contra medios se tramiten con estricto apego al debido proceso, libres de influencias indebidas o motivaciones políticas. La organización adelantó que seguirá observando de cerca la evolución del caso y sus implicaciones para la prensa mexicana.
