La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) reveló en su más reciente informe que al menos 289 periodistas y trabajadores de medios de comunicación de Nicaragua están en el exilio, tras haber sido desplazados forzadamente por razones de seguridad o por haber sido desterrados desde abril de 2018, señaló la agencia EFE.
La cifra, que refleja la gravedad de la represión en contra de la prensa independiente en ese país centroamericano, se suma al cierre de 54 medios de comunicación documentados por FLED entre 2018 y 2023.
Estos ataques incluyen a los medios La Prensa, Confidencial, 100% Noticias y La Trinchera de la Noticia, cuyas sedes fueron allanadas y sus bienes confiscados.
Asimismo, la FLED identificó una tendencia creciente entre quienes continúan informando, tanto desde el exilio como desde la clandestinidad dentro de Nicaragua: la necesidad de buscar ingresos complementarios para poder sostenerse, mientras persisten en su labor de informar.
Entre el primer trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025, 89 periodistas se vieron forzados a compatibilizar el ejercicio periodístico con otras ocupaciones, una cifra alarmante que evidencia la magnitud de la crisis.
Solo en los primeros tres meses de 2025, el informe registró 32 nuevos casos, el número más alto hasta ahora documentado.
La censura como instrumento de Estado
Desde el estallido de la crisis sociopolítica en 2018, el gobierno de Daniel Ortega ha intensificado la persecución contra voces críticas, criminalizando la labor informativa e instrumentando al aparato estatal para cerrar medios, confiscar propiedades y hostigar judicialmente a comunicadores y medios independientes.
Organizaciones defensoras de la libertad de prensa han denunciado que Nicaragua se ha convertido en uno de los contextos más hostiles para ejercer el periodismo en América Latina, con prácticas de censura que incluyen desde el encarcelamiento arbitrario hasta la expulsión forzada del país.
La FLED enfatizó que el desplazamiento masivo de periodistas nicaragüenses constituye no solo una violación grave de derechos humanos, sino también un atentado directo contra el derecho de la sociedad nicaragüense a recibir información veraz e independiente.
