Doce periodistas han sido asesinados en lo que va del actual sexenio, diez de ellos solo en 2025, en un contexto de creciente violencia, impunidad y omisión institucional, arroja el más reciente Censurómetro de la organización Propuesta Cívica.

El asesinato mas reciente, es el del periodista Miguel Ángel Beltrán el 25 de octubre, en la carretera Durango–Mazatlán, junto a un mensaje que lo vincularía con su labor periodística. 

El Censurómetro, indica que los últimos dos meses estuvieron marcados por ataques físicos, intimidaciones judiciales y amenazas directas del crimen organizado, destacando los siguientes casos:

  • Irapuato: el reportero Mario Castillo fue atacado a tiros en plena cobertura. Un día después, comenzaron a circular amenazas masivas a periodistas locales.
  • Uruapan: periodistas fueron hostigados tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, tanto en redes como en espacios públicos.
  • Sinaloa: el cuerpo de seguridad del secretario de Seguridad Pública agredió a periodistas que buscaban entrevistarlo.
  • Tijuana: la periodista Adela Navarro Bello fue intimidada en su propia redacción por el padre de un presunto implicado en crimen organizado.

Violencia institucional y hostigamiento judicial

Además de las agresiones físicas, continúa el uso del aparato judicial como herramienta de censura.

Tal es el caso de  Jaime Méndez Pérez que enfrenta en Oaxaca una denuncia penal tras cubrir una elección comunitaria violenta.

En Puebla, un juez federal ordenó la remoción de notas publicadas por periodistas sobre denuncias en la Universidad Pedagógica Nacional.

En Campeche, la fiscalía estatal pidió al medio Telamar revelar datos sobre sus reporteros por una investigación sobre la gobernadora.

Además, se reportaron agresiones a periodistas durante protestas en Ciudad de México, Michoacán y Jalisco, muchas cometidas por cuerpos policiacos, pese a los discursos oficiales de respeto a la prensa.

El reporte arroja que a pesar de la gravedad, hubo algunas acciones positivas aisladas:

  • El Estado de México publicó un protocolo de protección para periodistas con sanciones claras.
  • En Quintana Roo, el periodista David Adrián Chi Chi fue absuelto de cargos penales tras un proceso judicial de dos años.
  • En Yucatán, un agresor de periodistas fue vinculado a proceso penal.

No obstante, se trata de excepciones, ya que la constante sigue siendo la impunidad y la falta de acciones concretas para proteger al gremio periodístico.

“Aunque el Estado no sea el autor directo, su responsabilidad es garantizar la protección de los periodistas y evitar que estos crímenes queden sin castigo”, señala el informe.