La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Alianza de Medios Mx presentan observaciones del caso de Francisco Ortiz Franco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Francisco Ortiz Franco fue editor y fundador del semanario Zeta de Tijuana, su asesinato ocurrió hace 17 años. Desde entonces, ninguna persona ha sido sentenciada como responsable de este crimen.
El caso de Ortiz Franco es emblemático, en consideración del trabajo de calidad que desarrolló por décadas documentando corrupción, abusos de autoridad y acciones criminales de los cárteles de las drogas. Zeta es uno de los medios mexicanos que más ataques ha sufrido en las últimas tres décadas.
Hasta la fecha no existe un argumento que justifique 17 años de impunidad sin que todos los responsables hayan sido detenidos y sentenciados en México por este homicidio.
Ni siquiera el Estado mexicano ha ofrecido a la familia de Ortiz Franco y a la sociedad, una explicación satisfactoria, suficiente y efectiva que permita conocer la verdad sobre las circunstancias en que ocurrió en 2004 este ataque, y quiénes son los responsables; por lo que, de acuerdo a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado mexicano está incumpliendo su obligación de garantizar los derechos de sus familiares de acceso a la justicia y a conocer la verdad sobre los hechos; una violación extensiva a la sociedad y en particular a los periodistas.
Es central considerar que este letargo en la justicia mexicana no es un hecho aislado, no sólo ha quedado demostrado en el caso del editor de Zeta, también de su compañero Héctor Félix Miranda, caso que también está en manos de la CIDH, y de casi un centenar de ataques a periodistas que han sido asesinados o han desaparecido en México por razones de su trabajo profesional en las últimas tres décadas, y que se mantienen sin justicia ni se conoce la verdad sobre los hechos.
De continuar la misma dinámica por parte del Estado mexicano, se corre el riesgo que en unos años más (menos de una década) el homicidio de Ortiz Franco prescriba legalmente y sea imposible, bajo la normatividad mexicana, el acceso a la justicia y a la verdad.
CASO ORTIZ FRANCO
Francisco Ortiz Franco, uno de los fundadores de Zeta, fue asesinado el 22 de junio de 2004 en Tijuana, en Baja California, México. De acuerdo a los primeros datos periciales, se trató de un ataque bien planeado y consumado por un sicario entrenado que llegó como copiloto de una camioneta Grand Cherokee Limited 2000, con placas fronterizas, de la que descendió y en segundos disparó al periodista, al menos, cinco veces.
Ortiz Franco murió en el asiento del conductor de su automóvil, y en el asiento trasero estaban sus dos hijos menores, quienes resultaron ilesos. El ataque ocurrió a 300 metros de las oficinas de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (ahora Fiscalía General del estado de Baja California); sin embargo, las autoridades no llegaron a auxiliar al periodista de inmediato. Debido a ello y otros elementos que se describen más adelante, los asesinos habrían tenido la complicidad de las autoridades.
Zeta, uno de los referentes en información exclusiva sobre corrupción y crimen organizado, había recibido distintas amenazas, por lo que varios de sus editores debieron aceptar contar con escoltas por parte de las autoridades, entre ellos Ortiz Franco, quien ese día le pidió a los dos policías que formaban parte de su seguridad que no lo acompañaran.
Durante 2004, Zeta publicó, bajo la firma de Ortiz Franco, varias revelaciones sobre operaciones del Cártel de los Arellano Félix. Dos de sus últimos reportajes que aparecieron en abril y mayo de ese año se referían al tema. Uno se tituló “Asociación de Osiel Cárdenas con los Arellano. Fuga de película: Los Zetas desmoronaron control y vigilancia”; y, otro, “Más de 70 mil dólares costaron las credenciales de sicarios del CAF”.
