La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por la detención de tres comunicadores y la posible emisión de órdenes de aprehensión contra al menos otras nueve personas en San Luis Potosí, en un caso relacionado con presuntos delitos de identidad digital y uso de inteligencia artificial.
El pronunciamiento advierte sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión, el uso del derecho penal para sancionar contenidos de interés público y presuntas irregularidades en el debido proceso, y se suma al realizado el fin de semana por diversas organizaciones nacionales e internacionales de defensa de periodistas.
Además, hizo un llamado a las autoridades estatales a garantizar investigaciones transparentes, respetar los derechos humanos y evitar que la legislación sobre inteligencia artificial sea utilizada como mecanismo de silenciamiento.
A través de una publicación en la red social X, la RELE llamó a las autoridades mexicanas a garantizar el debido proceso en las investigaciones y procedimientos judiciales en curso, y recordó que cualquier restricción a la libertad de expresión debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
El fin de semana las organizaciones Artículo 19, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras, CIMAC y Propuesta Cívica, emitieron un posicionamiento conjunto en el que alertaron sobre un deterioro del entorno para la libertad de expresión y de prensa en la entidad.
Las organizaciones condenaron la detención de Christian Herrera, creador de contenido de la página Código Rojo; de Eréndira Reyes Aguillón, directora de la página San Wicho Times; y de Alejandra Hermosillo, funcionaria pública del área de comunicación social municipal.
Asimismo, expresaron preocupación por la existencia de órdenes de aprehensión contra al menos otras nueve personas, entre ellas la periodista Anahí Torres González.
Según el pronunciamiento, la aplicación de normas relacionadas con desinformación o contenidos generados mediante inteligencia artificial requiere un escrutinio particularmente estricto por parte de autoridades ministeriales y judiciales, debido al riesgo de afectar expresiones protegidas por el derecho a la libertad de expresión.
Las organizaciones señalaron además que el recurso al derecho penal debe utilizarse como última instancia y no como una herramienta para sancionar expresiones críticas.
También recordaron que México mantiene obligaciones internacionales pendientes en materia de eliminación de delitos vinculados al honor, la reputación y la integridad moral, citando resoluciones internacionales relacionadas con la protección de la libertad de expresión.
Señalan irregularidades en detenciones y falta de claridad sobre las imputaciones
Las organizaciones refirieron diversas preocupaciones relacionadas con el debido proceso. En el caso de Christian Herrera, medios locales reportaron que fue detenido el 21 de mayo en Ciudad Valles y trasladado a la capital del estado.
Las organizaciones denunciaron que permaneció incomunicado durante parte del proceso y sin acceso a defensa legal y comunicación familiar.
Respecto a Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, las organizaciones señalaron que familiares recibieron información contradictoria sobre su ubicación y situación jurídica durante las primeras horas posteriores a las detenciones. Además, identificaron inconsistencias sobre los delitos imputados.
Las organizaciones también cuestionaron la aplicación de prisión preventiva en un caso relacionado con contenidos digitales y expresiones difundidas en redes sociales.
Las organizaciones informaron haber recibido información que apunta a posibles órdenes de aprehensión contra otras personas vinculadas al mismo caso.
De acuerdo con fuentes locales citadas en el pronunciamiento, las investigaciones estarían relacionadas con la difusión de un video en redes sociales en el que presuntos integrantes de la delincuencia organizada realizaban señalamientos contra autoridades estatales.
Para las organizaciones firmantes, el caso refuerza preocupaciones expresadas desde 2025 sobre los riesgos de los artículos 272 Bis y 272 Ter del Código Penal de San Luis Potosí, al considerar que disposiciones amplias o técnicamente imprecisas pueden facilitar acciones contra periodistas, comunicadores, activistas y usuarios de redes sociales.
Asimismo, recordaron que la normativa enfrenta una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
#México RELE expresa preocupación por reportes de la detención de 3 personas en San Luis de Potosí, 2 de ellas por presuntos delitos vinculados al uso de IA e identidad contra las personas, así como por posibles órdenes de aprehensión contra 9 personas por los mismos hechos. pic.twitter.com/4cowqQ9sTQ
— Relatoría Especial p/la Libertad Expresión (CIDH) (@RELE_CIDH) May 28, 2026
Con información de La Silla Rota.
