La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó su misión en Perú y advirtió que el país enfrenta un grave debilitamiento de las libertades de prensa y expresión en un contexto de crisis institucional que amenaza con intensificarse de cara a las elecciones generales previstas para 2026.
Durante su visita, la delegación de la SIP identificó un clima de creciente hostilidad hacia los medios independientes, impulsado por persecuciones judiciales contra periodistas, restricciones en el acceso a la información pública y campañas de desinformación, elementos que afectan directamente el derecho de la ciudadanía a estar informada.
"La degradación política que estamos observando en Perú tiene un impacto directo en la libertad de prensa y en el derecho de la ciudadanía a recibir información independiente. Sin una prensa libre, es imposible garantizar una democracia plena. La comunidad internacional debe mantenerse atenta y exigir el respeto a las libertades fundamentales en el país", indicó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.
Por su parte, Carlos Jornet, presidente Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, enfatizó en la preocupación de que, "de cara a las próximas elecciones, se intensifique el clima de hostilidad contra el periodismo, lo que podría generar un entorno aún más peligroso para el periodismo y afectar la transparencia del proceso electoral”.
“El gobierno de Perú tiene la responsabilidad de garantizar el ejercicio del periodismo sin presiones ni amenazas, porque los ojos del mundo comienzan a mirar al país con preocupación”, ahondó.
Documenta SIP amenazas al ejercicio del periodismo
La misión de la SIP en Lima permitió documentar diversas amenazas que limitan el ejercicio del periodismo en el país. Entre las más preocupantes se encuentran:
- Judicialización del periodismo: El uso recurrente de demandas por difamación y procesos penales contra periodistas se ha convertido en una herramienta para silenciar investigaciones sobre corrupción y abuso de poder. Se han denunciado casos en los que se han intervenido comunicaciones de periodistas y vulnerado la protección de sus fuentes.
- Estigmatización desde el poder: Autoridades del Ejecutivo, incluyendo la presidenta Dina Boluarte, y figuras políticas como el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, han adoptado un discurso confrontativo contra la prensa, desacreditando su labor y promoviendo narrativas que vinculan a los medios críticos con intentos de desestabilización.
- Amenazas del crimen organizado: Actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal ejercen una presión constante sobre periodistas en regiones como la Amazonía. En enero, el periodista Gastón Medina fue asesinado en Ica sin que hasta ahora haya avances significativos en la investigación.
- Restricciones al acceso a la información: Se han reportado crecientes obstáculos para la obtención de información pública, así como restricciones en la cobertura de actos oficiales.
- Uso de desinformación y ataques digitales: Se han identificado campañas organizadas de acoso en redes sociales y ataques cibernéticos dirigidos a desacreditar medios y periodistas críticos, especialmente mujeres.
- Sesgo en medios estatales: Se ha alertado sobre la pérdida de pluralismo en los medios estatales, administrados por el Instituto Nacional de Radio y Televisión.
- Iniciativas legislativas restrictivas: En el Congreso se promueven leyes que buscan restringir la labor periodística. Una de ellas, aprobada recientemente, impone controles a organizaciones civiles y medios que reciben financiamiento externo, lo que podría afectar la independencia del periodismo de investigación.
Llamado urgente a la comunidad internacional
En el marco de la misión, la SIP sostuvo encuentros con autoridades del Poder Judicial, el Congreso y la Fiscalía de la Nación, así como con periodistas y organizaciones de la sociedad civil. A pesar de las reiteradas solicitudes, la presidenta Dina Boluarte no accedió a reunirse con la delegación.
Durante la visita, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, suscribió las Declaraciones de Chapultepec y Salta II, comprometiéndose con la defensa de la libertad de prensa y la expresión en entornos digitales y tradicionales.
El Índice Chapultepec 2024, elaborado por la SIP, reflejó un grave retroceso en la libertad de prensa en Perú, al descender del puesto 12 al 16 en el ranking de 22 países, clasificándolo en la categoría de "alta restricción".
La SIP exhortó a la comunidad internacional a mantenerse vigilante ante la crisis de libertades en Perú y a exigir garantías para el ejercicio del periodismo, especialmente en el contexto de las próximas elecciones.
"La degradación política e institucional en Perú tiene un impacto directo en la libertad de prensa y en el derecho ciudadano a recibir información veraz. Sin un periodismo libre, la democracia se ve comprometida", concluyó la organización.
