El Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un requerimiento La Silla Rota en el que le exige al medio entregar información y documentos relacionados con una nota periodística publicada el 9 de junio, bajo amenaza de imponer una multa de hasta 100 mil días de salario mínimo.
La nota, relacionada con la jornada electoral del 1 de junio, documenta la denuncia de un candidato a magistrado en materia administrativa, quien acusó públicamente a funcionarios de la alcaldía Venustiano Carranza y del gobierno de la Ciudad de México de repartir “acordeones” o guías de votación en una casilla electoral, con la intención de inducir el voto en favor de ciertos aspirantes a cargos en el Poder Judicial.
El INE, dentro del expediente INE/Q-COF-UTF/293/2025, solicitó al medio entregar “toda la información y documentación que sea de relevancia para el esclarecimiento de los hechos denunciados”, pese a que la publicación identifica con nombre y cargo al denunciante, y se basa en hechos registrados en video y en una denuncia formal ante la Fiscalía capitalina.
Secreto profesional, un derecho constitucional
El ejercicio periodístico de La Silla Rota se encuentra protegido por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que protegen la libertad de expresión y el derecho a la información, así como por la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico de la Ciudad de México, que establece que ninguna autoridad puede obligar a los periodistas a revelar la identidad de sus fuentes.
Este tipo de medidas de apremio son especialmente preocupantes en el actual contexto electoral, donde diversos medios y periodistas han sido objeto de presiones y hostigamiento judicial por parte de autoridades estatales y electorales.
No es un caso aislado
El caso de La Silla Rota no es aislado. En las últimas semanas el Tribunal Electoral de Tamaulipas ordenó al periodista Héctor de Mauleón y a El Universal retirar una columna crítica, con base en una demanda promovida por una candidata local. El INE colaboró en ese proceso entregando al tribunal datos personales del periodista.
En Campeche, la gobernadora Layda Sansores demandó al periodista Jorge González, quien ya estaba jubilado, por supuestos agravios publicados en Tribuna de Campeche.
Inicialmente, fue condenó a pagar 2 millones de pesos y a dejar de ejercer el periodismo, pero un tribunal federal revocó la sentencia por considerarla violatoria de la libertad de expresión.
No obstante, posteriormente una jueza en Campeche ordenó la imposición de interventores judiciales para revisar el contenido antes de su publicación, y prohibió al periodista referirse a la gobernadora Layda Sansores, representa un retroceso alarmante en materia de derechos fundamentales.
Por su parte, el INE también pidió a la periodista Laura Brugés revelar la identidad de una fuente relacionada con los mismos “acordeones”, en contra de la legislación vigente que protege la secrecía periodística.
