La violencia contra la prensa en México alcanza un nivel mayor de sofisticación y diversificación que se suma a los asesinatos y agresiones físicas, mediante una combinación de violencia letal, estigmatización, presión económica, vigilancia, desgaste reputacional y acoso judicial, advirtió Leopoldo Maldonado,
Durante su participación en el pódcast Periodismo en Riesgo, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el director de Artículo19, capítulo México y Centroamérica, sostuvo que México sigue siendo uno de los países más peligrosos del continente para ejercer el periodismo, con siete asesinatos de periodistas documentados en el periodo analizado.
Subrayó que a la violencia física se acumulan mecanismos indirectos de censura que generan autocensura, desgaste emocional, debilitamiento económico y presión constante contra medios y periodistas.
Uno de los elementos más graves en el país, ahondó, es que la violencia letal continúa marcada por la impunidad y por la falta de investigación sobre los autores intelectuales de los crímenes.
A este respecto, explicó que muchas de las víctimas son periodistas que realizan coberturas hiperlocales sobre seguridad, corrupción y política en contextos donde existe una fuerte confabulación entre actores políticos locales, autoridades y grupos criminales.
Esa connivencia, añadió, dificulta que las fiscalías locales avancen más allá de los autores materiales y esclarezcan quién ordena los ataques.
En este sentido, señaló que detrás de los asesinatos de periodistas en México suele haber una relación compleja entre poderes formales y fácticos.
En muchos casos, los reporteros cubren zonas donde operan disputas entre cárteles, hay pugnas internas por liderazgos criminales o enfrentamientos entre grupos delictivos y fuerzas de seguridad, particularmente las Fuerzas Armadas, indicó.
En ese entorno, los periodistas quedan atrapados en un fuego cruzado que rara vez es investigado a fondo.
Advirtió que ello se suma, una impunidad estructural que ronda 90% en los casos de asesinatos de periodistas. Esa falta de justicia, remarcó, manda un mensaje de permisividad y alienta la repetición de las agresiones.
El informe también documenta la expansión de otras formas de silenciamiento en México, que Artículo 19 denomina “ambiente hostil”, una categoría que incluye campañas de desprestigio, estigmatización, presiones veladas, amenazas, bloqueo informativo y obstrucciones al trabajo periodístico, y que representa casi 44% de las agresiones registradas en el país.
Maldonado agregó que este ambiente hostil mina la confianza, la seguridad y la capacidad de los periodistas para ejercer su labor con libertad, y en muchos casos, genera autocensura.
El director de Artículo 19 advirtió además que la narrativa estigmatizante contra la prensa se ha instalado como una estrategia de comunicación política cada vez más extendida en México.
Si bien señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum recurre menos a esta práctica que su antecesor y con menor virulencia, afirmó que se ha convertido en una fórmula replicada por distintos actores políticos, sin importar su signo ideológico, “porque les resulta barata en términos políticos y eficaz para erosionar la legitimidad del trabajo periodístico”.
Acoso judicial crece a más de 1 caso por semana
A esta suma de agresiones se incorpora cada vez más el uso del aparato estatal como herramienta de presión.
A este respecto, Maldonado alertó que el acoso judicial ha crecido de forma preocupante y que en 2025 se documentaron 69 casos, es decir, más de uno por semana.
Explicó que esa tendencia, confirma que el sistema de justicia está siendo utilizado con mayor frecuencia para inhibir investigaciones periodísticas y castigar coberturas incómodas.
Maldonado subrayó que esta sofisticación del silenciamiento también se observa en otros países de la región.
El director ejecutivo de Artículo 19 México y Centroamérica, compartió más de los hallazgos del informe Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia al analizar lo ocurrido en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua.
En Guatemala, señaló, se documentaron 91 agresiones, tres asesinatos y una desaparición de periodistas, además de un uso cada vez más intenso del aparato judicial y de campañas digitales de hostigamiento, como los llamados Net Centers o granjas de bots.
En Honduras, con 77 agresiones y dos asesinatos, preocupa especialmente que las Fuerzas Armadas sean responsables de casi la mitad de los actos de estigmatización registrados.
Frente a este panorama, Maldonado consideró que la respuesta debe continuar desde el trabajo en red, la documentación, la denuncia pública y el acompañamiento a periodistas y medios.
Subrayó la importancia de seguir visibilizando los casos y de impedir que la sociedad normalice la violencia contra el periodismo.
También planteó como uno de los retos centrales recuperar el valor público del trabajo periodístico en una era de sobreinformación, desinformación y descrédito promovido desde el poder.
Maldonado indicó que defender la libertad de expresión no implica solo proteger a un gremio, sino preservar un pilar fundamental de la democracia.
En ese sentido, insistió en que el reto primordial sigue siendo lograr que la sociedad abrace la defensa del periodismo como una causa propia.
