El presidente estadounidense, Donald Trump presentó el viernes 19 de julio una demanda por difamación ante un tribunal federal en Miami contra Dow Jones & Co., News Corp, Rupert Murdoch y dos reporteros del Wall Street Journal (WSJ).
La querella se deriva de un reportaje publicada la semana pasada que describía una carta supuestamente enviada por Trump a Jeffrey Epstein con motivo de su 50.º cumpleaños, en 2003.
El artículo señalaba que la nota mecanografiada incluía un dibujo satírico del torso desnudo de una mujer, la firma “Donald” y el mensaje: “Feliz cumpleaños, que cada día sea otro secreto maravilloso”.
Trump negó haber escrito la misiva y afirmó que la historia es “totalmente falsa y maliciosa”.
En diversos mensajes publicados en su red Truth Social, el mandatario sostuvo que advirtió personalmente a Murdoch y a la redacción del WSJ antes de la difusión, “pero ignoraron la verdad”.
El presidente estadounidense demanda al WSJ por 10 mil millones de dólares.
Por su parte, un portavoz de Dow Jones declaró a la BBC que la empresa tiene “plena confianza en el rigor y la precisión” del reportaje y que se defenderá “enérgicamente” ante los tribunales.
La acción legal de Trump llega en medio de un renovado escrutinio sobre documentos y testimonios relativos a la relación de figuras públicas con Epstein.
También prolonga la estrategia judicial que el presidente estadounidense ha emprendido en el pasado contra diversos medios a los que acusa de difundir informaciones falsas.
Condena la SIP demanda de Trump contra medios
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la demanda por difamación presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La demanda, interpuesta ante una corte federal en Miami, exige una indemnización de al menos 20 mil millones de dólares, de los cuales 10 mil millones corresponderían únicamente al Wall Street Journal (WSJ).
“Esta acción no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia sistemática para intimidar a la prensa independiente y desalentar la cobertura crítica. El uso del aparato legal para silenciar voces periodísticas representa un retroceso democrático y sienta un precedente peligroso”, advirtió José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora general editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), señaló, que cuando desde las más altas esferas del poder se busca castigar a los medios por ejercer su rol fiscalizador, se erosiona el pilar fundamental de toda democracia: el derecho del público a estar informado.
“Esta demanda constituye un claro intento de censura encubierta”, ahondó.
