Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, Artículo 19 documentó 51 casos de acoso judicial contra periodistas y medios en México, una cifra que rebasa el máximo anual registrado hasta ahora (40 casos en 2021).
En total, 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios han sido notificados de procesos en su contra, lo que equivale, en promedio, a un nuevo procedimiento cada cuatro días.
En el informe “Las leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, la organización advierte del uso del marco legal para restringir la libertad de expresión y el derecho a la información.
Este año el acoso judicial está documentado en 17 estados del país, con lo que arriba del 53% de las entidades federativas han registrado al menos un proceso de acoso judicial contra periodistas o medios de comunicación.
"Esto demuestra que no son algunas personas quienes están abusando del sistema, sino que es una práctica reiterada en el territorio nacional", indicó la organización.
Los tres estados con más procesos iniciados contra periodistas son Veracruz con 10 casos, Ciudad de México con 9, y Jalisco con 6 casos.
Les siguen Campeche, Oaxaca y Puebla con 3 casos cada uno.
Veracruz es el estado con más procesos iniciados en estos meses. Artículo 19 documenta en la entidad procesos donde una misma figura política denuncia por violencia política de género a decenas de personas, a medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil por una mera mención de nepotismo en sus publicaciones.
“Preocupa en particular el uso indebido de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), figura creada para combatir la discriminación estructural, pero que se está instrumentalizando para retirar publicaciones críticas y enfriar el debate público”, indicó la organización.
En este sentido urgió a acotarlo, dado que su aplicación expansiva deslegitima la propia figura y la convierte en un mecanismo “eficaz” de censura.
Artículo 19 expuso que a la fecha de redacción del reporte, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE Veracruz) sigue enviando notificaciones, resaltando como una misma persona puede silenciar a grupos enteros abusando de estas herramientas.
En algunas entidades, el abuso de la normativa mexicana se ha expandido no sólo a periodistas y medios, sino también a ciudadanos quienes, al publicar en redes sociales, resultan críticos al poder.
Tal es el caso de Sonora, donde la ciudadana Karla Estrella fue sancionada por el INE y el TEPJF luego de publicar un tuit que cuestionaba posible nepotismo beneficiando a la diputada Diana Karina Barreras.
Como consecuencia, Barreras interpuso una denuncia por VPEG, y Karla fue multada, obligada a disculparse por treinta días en sus redes sociales, debió tomar un curso sobre violencia de género y además fue registrada como violentadora e infractora en el sistema electoral.
A este respecto, Artículo 19, advirtió que sin reformas, la judicialización en procesos electorales podría normalizarse como control político.
Asimismo, llamó a defender la independencia judicial y a que la reforma en la judicatura blinde la autonomía, “pues la tendencia actual responde a interpretaciones restrictivas de la libertad de expresión y a un proceso de captura institucional”.
Censura gubernamental
Artículo 19 subrayó, además, el efecto SLAPP, o demandas estratégicas contra la participación pública, en las que funcionarios y figuras públicas se valen de recursos del Estado y acceso institucional para litigar contra periodistas, fomentando la autocensura y dañando la calidad del debate democrático.
El informe subraya que el acoso judicial, el cual se consolida como una forma de censura, en los que demandas, medidas cautelares y procedimientos administrativos se usan para silenciar coberturas de interés público, en un contexto de estigmatización desde tribunas oficiales, tiene efectos directos como la impunidad y asimetría de poder, cuyos impactos en la libertad de expresión son duraderos.
