El Estado mexicano se consolidó en 2024 como el principal agresor de la prensa en América Latina, reveló la séptima edición del Informe Sombra sobre la libertad de prensa en la región, elaborado por la red Voces del Sur (VDS).
De acuerdo con el informe, 49.3% de las agresiones contra periodistas en Latinoamérica fueron cometidas por actores estatales, una tendencia que combina viejas y nuevas formas de silenciamiento y coloca a México, junto con Honduras y Colombia, entre los territorios más letales para el periodismo.
De acuerdo con el informe, la violencia contra periodistas en América Latina se alimenta de la convergencia entre represión estatal, crimen organizado, judicialización abusiva y discursos de estigmatización desde el poder.
“La persistencia de asesinatos, desapariciones y torturas, sumada a la expansión de los desiertos informativos y el exilio, configura un escenario de riesgo extremo que amenaza el derecho ciudadano a la información y profundiza el debilitamiento democrático en la región”, señala el texto.
Violencia sistemática y récords alarmantes
En 2024, VDS documentó 3,766 alertas en 17 países, una cifra apenas inferior a la de 2023 que no refleja mejoría, sino un reacomodamiento de las agresiones.
Las principales amenazas fueron ataques físicos, amenazas y hostigamiento, con los actores estatales concentrando un tercio de estos hechos, especialmente policías y fuerzas de seguridad.
Las formas más extremas de violencia persistieron: 14 periodistas fueron asesinados en la región, lo que representa uno cada 26 días, además de registrarse 4 desapariciones forzadas, 8 secuestros y 12 casos de tortura, el triple que en 2023.
En Nicaragua, Venezuela y Cuba, la censura y la represión sistemática profundizaron los desiertos informativos y el exilio de periodistas.
En tanto, México concentró 7 casos de tortura, Bolivia 3 y Cuba 2, con lo que las alertas por tortura aumentaron de manera preocupante, pasando de 4
alertas en 2023 a 12 en 2024, un incremento del 200%.
México: violencia electoral y uso abusivo del poder estatal
En México, cada 14 horas se registró una agresión contra la prensa durante 2024, según la organización Artículo 19 México y Centroamérica, que documentó 639 alertas, un aumento de 13.9% respecto al año anterior.
Así, México volvió a ser uno de los países más letales para la prensa, con cinco periodistas asesinados en 2024. Todas las víctimas cubrían temas sensibles como seguridad, corrupción y política.
El documento expone que en el último año del gobierno de López Obrador y los primeros dos meses del de Sheinbaum, el aparato estatal protagonizó ataques directos contra el periodismo mediante discursos estigmatizantes, acoso judicial y restricciones a información de interés público.
En este escenario, Artículo 19 México y Centroamérica (ARTICLE 19) registró 639 alertas contra la libertad de prensa, un aumento del 13.9% respecto al año anterior.
En el país, el Estado fue responsable del 44.9% de las agresiones y los funcionarios públicos protagonizaron el 68.3% de los casos, seguidos por fuerzas de seguridad civiles (27.2%) y fuerzas armadas (4.5%). El uso abusivo del poder estatal se disparó 645.5%, pasando de 11 casos en 2023 a 82 en 2024.
El periodo electoral entre marzo y junio fue un catalizador de la violencia, pues en apenas cuatro meses se concentraron 286 alertas (44.8% del total anual), incluyendo más de la mitad de los discursos estigmatizantes y restricciones al acceso a la información.
Violencias de género y autocensura
El informe expone que la violencia basada en sexo u orientación sexual también se intensificó. En México se documentaron 22 alertas en 2024, con amenazas digitales contra mujeres periodistas y periodistas LGB.
Un caso emblemático fue el de Yohali Reséndiz, quien recibió amenazas de muerte y violencia sexual tras publicar investigaciones sobre corrupción en Morelos.
Ante este panorama, muchos periodistas adoptaron medidas de autoprotección, y autocensura desde omitir la firma en sus publicaciones hasta evitar coberturas sensibles.
Artículo 19 advierte que México mantiene un ciclo de violencia estructural e impunidad alimentado por la colusión entre autoridades y crimen organizado. Sin avances sustantivos en las investigaciones ni políticas de protección efectivas, informar sobre corrupción, seguridad y política sigue representando un riesgo permanente para la vida y la integridad de quienes ejercen el periodismo.
En este contexto, la organización insta a romper este ciclo mediante investigaciones diligentes y sanción a perpetradores materiales e intelectuales; un plan específico de prevención que combine monitoreo temprano de amenazas, protección física efectiva y persecución penal integral, y el fortalecimiento del Poder Judicial, para que deje de actuar como un actor agresor mediante procesos judiciales abusivos y aplique estándares internacionales de libertad de expresión en sus resoluciones.
