La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó al medio local Telemar información detallada sobre sus periodistas, directivos y publicaciones para integrar una carpeta de investigación por el delito de calumnia y lo que resulte, promovida por la gobernadora Layda Sansores San Román.
El requerimiento, revelado públicamente por el medio, ha encendido alertas por un posible uso del aparato judicial para intimidar y censurar a la prensa local.
El documento enviado por la FGE exigía, con un plazo de cinco días hábiles, los nombres de reporteros, editores y el director general de Producciones Telemar S.A. de C.V., además de una relación de publicaciones o transmisiones que mencionaran a Sansores.
La solicitud fue presentada como parte de una carpeta de investigación abierta por el presunto delito de calumnia, derivada de una denuncia directa de la mandataria estatal.
El oficio advierte posibles multas y acciones legales en caso de incumplimiento.
En respuesta, Telemar publicó un comunicado en el que condena el requerimiento, considerándolo una amenaza contra la libertad de expresión. “Esta acción confirma el uso de las instituciones públicas para intimidar a medios y periodistas que cuestionan al gobierno estatal.”
Organizaciones de prensa han advertido que esta acción sienta un precedente peligroso y podría tener un efecto inhibidor sobre otros medios locales.
El uso del delito de calumnia como mecanismo de presión contra medios críticos ha sido ampliamente cuestionado por organismos internacionales como la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
No es un caso aislado
Este hecho no es aislado. En junio de 2025, el periodista Jorge González Valdez, exdirector de Tribuna Campeche, fue vinculado a proceso tras ser acusado de incitar al odio contra Sansores por una columna crítica.
Como medida cautelar, se le prohibió escribir sobre la mandataria y se le impuso una sanción económica, además se le asignó un 'censor' .
Con información de La Silla Rota.
