El periódico Vanguardia publicó hoy un desplegado en el que señala hostigamiento por parte del Poder Judicial de Coahuila, mediante el cual buscan despojar al medio del inmueble donde opera y coartar la libertad de expresión.
El desplegado destaca una serie de irregularidades legales en el juicio que tiene relación con el exgobernador Humberto Moreira Valdéz, entre ellas la falta de pruebas clave, conflictos de interés por parte de los jueces y la celeridad con la que se emitió un fallo condenatorio.
En una conversación con la Alianza de Medios MX, Carlos Arredondo, Coordinador de noticias de Vanguardia, explicó que el fallo reciente fue emitido en solo tres días, un plazo “insuficiente para analizar un expediente de cinco tomos y miles de páginas”.
"Esto no es justicia, es una estrategia para estrangular nuestra operación y nuestra libertad editorial", comentó.
De acuerdo con el medio, el proceso legal gira en torno a una línea de crédito nunca utilizada, otorgada hace más de 30 años por un banco extinto.
Según representantes de Vanguardia, el crédito nunca fue utilizado, y no existen documentos que respalden un adeudo. Sin embargo, los derechos litigiosos de este crédito fueron adquiridos por el exgobernador de la entidad, Humberto Moreira, quien, según el medio, ha utilizado esta situación como herramienta de presión.
Relatan años de tensiones acumuladas
La relación entre Vanguardia y Moreira Valdéz ha estado marcada por tensiones que datan de varios años.
Arredondo explicó que en mayo de 2016, Moreira demandó al medio y a una de sus periodistas por publicar una nota relacionada con su pensión como exgobernador, argumentando daño moral.
De acuerdo con la organización Perteneces, el acoso judicial, en forma de demandas civiles por "daño moral" y "delitos contra el honor, como la calumnia y la difamación", se suma a las amenazas que vulneran los derechos de los periodistas y limitan el ejercicio de la libertad de expresión en el país.
Dos días después de que el medio hiciera pública la demanda, la entonces denominada Fuerza Coahuila realizó un operativo de más de 80 policías mediante el cual se despojó al director del medio, Armando Castilla Galindo, de un bien inmueble bajo la justificación de un proceso litigioso.
En esa ocasión, tras varios recursos legales un juzgado federal ordenó restituir el bien.
Posteriormente, en octubre de 2016, hubo una acusación anónima que llevó al cateo de la propiedad de directivos de la casa editora, donde tras una intensa revisión no se encontró nada ilegal ni irregular.
El medio percibe estos casos como claros intentos de intimidación por parte del exmandatario.
Acusan irregularidades legales en el caso
De acuerdo con representantes de Vanguardia, el juicio ha estado plagado de irregularidades legales, entre ellas, la ausencia de pruebas, dado que no se han presentado documentos clave, como pagarés o contratos firmados, que respalden la existencia de la deuda.
Además, de que el fallo condenatorio fue emitido en solo tres días, destacaron la existencia de conflicto de interés, ya que la jueza responsable del fallo inicial no se excusó a pesar de tener vínculos personales con una de las partes involucradas.
Vanguardia expuso que su equipo legal trabaja actualmente en un amparo federal para enfrentar el fallo que consideran arbitrario e injustificado.
Mientras tanto, el medio hizo un llamado a la sociedad y a los defensores de la libertad de expresión para denunciar este tipo de prácticas.
"La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia, y no permitiremos que intereses oscuros la destruyan", afirmó Armando Castilla Galindo, director del medio en el desplegado.