TIJUANA.- El móvil y la autoría intelectual en el caso de Lourdes Maldonado, asesinada en Tijuana hace ya un año, siguen sin ser revelados por las autoridades de Baja California. La ejecución de la periodista que siendo muy joven dejó su hogar en Durango para irse a Cancún y comenzar una carrera profesional que duró 50 años, tiene a tres hombres en prisión pero todos como autores materiales.
“Resalta mucho la capacidad de las fiscalías de investigar cuando tienen la intención de hacerlo. Sin embargo, debemos recalcar que las detenciones no equiparan a justicia”, dice Pedro Cárdenas, Coordinador de Protección en la organización Artículo 19.
La fiscalía ha dado pocos detalles pidiendo cuidar la secrecía de la investigación, y en la única audiencia que fue pública (de dos realizadas), no hubo una sola mención sobre la razón por la que Maldonado fue asesinada ni sobre quién habría ordenado su muerte.
Esa audiencia pública fue cuando los tres detenidos recibieron sentencia al aceptar su responsabilidad a cambio de una reducción de la pena; la primera fue privada para cuidar a un menor de edad que fue testigo ocular.
Esa falta de certeza sobre el móvil y la autoría intelectual del asesinato acompañó el pasado viernes 20 de enero la manifestación que periodistas realizaron en Tijuana frente a las instalaciones de la Fiscalía General Estatal (FGE).
Isabel Mercado, periodista independiente con 31 años de ejercicio profesional que respondió a la convocatoria, dice que es inevitable no pensar en el conflicto laboral que Lourdes Maldonado sostenía con el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
Dos días antes de su muerte, cuando acudió a la vigilia por Margarito Martínez que había sido asesinado cinco días atrás también en esta ciudad, la periodista celebraba un laudo que estaba por permitirle revisar los libros contables de PSN, empresa del ahora Senador por Morena en la que ella colaboró.
La originaria de Gómez Palacio, Durango, sostenía que el político y empresario ha evadido obligaciones fiscales y patronales durante años.
También lo había demandado por abuso de poder y otros posibles delitos, igual que hizo contra Guillermo Ruiz Hernández, fiscal general en Baja California durante el bienio de Bonilla Valdez.
“Todos los planes que tenía, que afectaban al ex gobernador, y de pronto que la asesinen, obviamente que tenemos que voltear a ver a Jaime Bonilla. Es una línea de investigación muy importante y no nos dice nada la autoridad al respecto”, agrega Isabel.
LOS AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN
El acuerdo entre la fiscalía y los tres sentenciados lo aprobó también Hugo Maldonado, el hermano de Lourdes, porque dice que fue lo mejor en ese momento.
“Con ellos en la cárcel ya va a poder continuar el fiscal investigando cosas, checando cosas”, comentó poco más de una semana después de la audiencia celebrada en octubre del año pasado.
Los tres detenidos son: Erik Eduardo Contreras Ramos, de 30 años de edad, chofer del taxi en el que el grupo llegó y huyó de la escena del crimen; Guillermo Julián Castro Garzón, de 23 años, quien disparó el arma, y Kevin Alberto Villarino Hernández, de 18 años de edad el día del asesinato, quien los acompañó y vigiló el domicilio con ellos hasta el 23 de enero que cometieron el crimen.
En Baja California la pena mínima por homicidio es de 30 años de prisión, pero en su acuerdo con la fiscalía aceptando su responsabilidad, Erik y Kevin fueron sentenciados a 20 años, Guillermo a 24.
Este último, quien dijo dedicarse a la albañilería con un salario de 2,500 pesos semanales, tuvo una defensa particular compuesta por tres litigantes que actuó junto a los dos defensores de oficio de Erik y Kevin en apoyo jurídico del trío de presos.
La fiscalía ha dicho que tiene dos líneas de investigación abiertas y no ha descartado citar a Bonilla Valdez, pero el fuero que tiene como legislador federal en la cámara alta lo ha impedido.
“Eso está determinado pero no estamos en la posibilidad de poder hacerlo en este momento”, dijo Ricardo Iván Carpio, fiscal general de Baja California tras la sentencia a los autores materiales.
Sin embargo, el coordinador de protección de Artículo 19 México considera preocupante que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya desestimado cualquier participación de actores políticos desde un inicio.
“En ese caso marca una línea de investigación muy clara y es poco claro qué tanto la fiscalía verdaderamente ha hecho para investigar todas las líneas, incluidas aquellas líneas políticas”, comenta Pedro Cárdenas.
El día que los periodistas de Tijuana se reunieron frente a la FGE, la exigencia de justicia completa fue también para Margarito Martínez Esquivel, el fotógrafo de policiaca asesinado el 17 de enero del 2022.
“Me parece que los resultados, que ellos les llaman, no nos dicen nada a nosotros”, comentó Selene Reynoso, reportera de Televisa Tijuana que acompañó la manifestación con motivo del primer aniversario luctuoso de ambos crímenes.
En el de Margarito hay tres hombres detenidos pero solo dos de ellos sentenciados como autores materiales.
El tercero prefirió ir a juicio y no aceptar su responsabilidad en un acuerdo con la fiscalía, quien sostiene como en el expediente de Lourdes Maldonado que llegarán hasta el autor intelectual.
David “Cabo 20”, quien según la fiscalía bajacaliforniana habría ordenado matar al fotógrafo, está preso y vinculado a proceso pero por un homicidio distinto.
“Ha pasado un año, no creo que vayan a mostrar resultados”, dijo al respecto una desconfiada Selene Reynoso.
