Un grupo de periodistas de Voice of America (VOA) presentó una demanda federal contra Kari Lake, asesora especial de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (USAGM), y contra el gobierno del presidente Donald Trump, a quienes acusan de haber cerrado arbitrariamente e inconstitucionalmente esta red pública de noticias financiada con recursos del Estado.
De acuerdo con una nota publicada por NPR, los periodistas argumentan que la decisión vulnera su derecho a la libertad de expresión garantizado por la Primera Enmienda, y que representa una invasión del Poder Ejecutivo en atribuciones que corresponden únicamente al Congreso, particularmente en lo referente al control del presupuesto federal.
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El recurso legal solicita la reincorporación inmediata de todo el personal despedido o suspendido, así como la reactivación de las operaciones de USAGM y todas sus emisoras asociadas. La demanda, respaldada por organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y varios sindicatos de periodistas y empleados públicos, fue presentada ante una corte federal en Manhattan.
Es el tercer litigio presentado por el cierre abrupto de medios públicos estadounidenses. Casos similares han sido promovidos por Radio Free Europe/Radio Liberty y el Open Technology Fund, en tribunales del Distrito de Columbia.
Una red paralizada y consecuencias preocupantes
El cierre de Voice of America tuvo efectos inmediatos. Más de 900 empleados de tiempo completo fueron enviados a licencia administrativa indefinida, mientras que al menos 550 contratistas perdieron sus puestos.
La mayoría del personal restante en USAGM también fue suspendida, sin una fecha de regreso clara.
USAGM no solo gestiona VOA, también coordina emisoras con audiencias estratégicas como Radio/TV Martí (enfocada en Cuba), Radio Free Asia, Radio Free Europe/Radio Liberty y Middle East Broadcasting Networks.
A través del Open Technology Fund, la agencia impulsa tecnologías abiertas y seguras, como Signal, para facilitar el acceso a información en entornos de censura o vigilancia.
