El segundo trimestre del año revelael cierre del espacio cívico mediante la proliferación de leyes punitivas, la cancelación de Organizaciones de la sociedad civil, el uso expansivo de figuras penales, la judicialización y de campañas de estigmatización contra periodistas y medios en Centroamérica.

De acuerdo con el informe Lucha contra el Silencio. Análisis trimestral sobre el estado de la libertad de expresión en Centroamérica y Cuba, emergen nuevas tácticas de control como la desnacionalización, el exilio, la asfixia económica y los bloqueos informativos, que rompen redes de apoyo y deterioran los ecosistemas informativos en la región.

El documento publicado por Artículo 19, la Asociación para la Democracia y los Derechos Humanos y la Asociación de Periodistas de El Salvador, centra su análisis en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Cuba, donde medios y organizaciones resisten para ejercer su derecho a informar y acceder a información.

Aislamiento y exilio en Nicaragua

El informe registra un creciente aislamiento del régimen Ortega-Murillo, que endureció el cerco informativo y anunció en mayo su retiro de la UNESCO tras la concesión del Premio Mundial a la Libertad de Prensa al diario La Prensa (exiliado desde 2021).

Además, en junio, ordenó la salida del Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), descalificando sus reportes sobre personas refugiadas nicaragüenses.

Con estas decisiones, suman siete los organismos internacionales de los que se ha retirado.

La Comisión Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió una represión persistente dominada por la censura, la criminalización y medidas administrativas restrictivas, y documentó la cancelación de 5 mil 441 organizaciones civiles, con confiscación de bienes en numerosos casos.

Entre las clausuradas figura la histórica Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), hecho que exhibe la disposición del poder a castigar incluso a antiguos aliados cuando muestran fisuras.

Por su parte, Reporteros Sin Fronteras recordó que cientos de periodistas y medios han sido forzados al exilio: 26 medios continúan informando desde fuera del país y registran 1.58 millones de visitantes únicos en la web y audiencias combinadas de 5.69 millones en Facebook, 1.75 millones en YouTube y 1.15 millones en TikTok.

No obstante, predomina la precariedad económica para los medios.

Persecución y restricciones legales en El Salvador

Bajo estado de excepción, el gobierno reforzó un andamiaje legal restrictivo, de tal forma que se aprobó con celeridad la Ley de Agentes Extranjeros, que impone un impuesto del 30% a fondos de cooperación, asfixiando la sostenibilidad de las ONG.

Avanzaron además iniciativas que eliminan el secreto profesional y criminalizan a fuentes públicas que colaboren con la prensa.

En paralelo, una reforma constitucional habilitó la reelección indefinida y eliminó la segunda vuelta, concentrando poder y erosionando el juego democrático.

Asimismo, el ataque contra medios persiste. El medio El Faro denunció la preparación de órdenes de captura contra al menos siete periodistas tras revelar presuntos pactos entre pandillas y el entorno presidencial, y enfrentó campañas de difamación.

La abogada Ruth López (Cristosal) y el constitucionalista Enrique Anaya fueron detenidos; la defensora Ingrid Escobar salió del país ante amenaza de captura. La APES reportó al menos 40 desplazamientos forzados de periodistas.

Hostigamiento a medios independientes en Guatemala

El caso del periodista Rubén Zamora destaca como símbolo de criminalización y falta de independencia judicial en el país. En este sentido, la relatora de la ONU Margaret Satterthwaite urgió revisar el Ministerio Público y garantizar asignación aleatoria de casos y debido proceso. No obstante, Zamora continúa detenido.

En tanto, medios como Prensa Comunitaria, enfrentan campañas de estigmatización y señalamientos de “redes de difamación” por financiamiento internacional, mientras al menos 20 periodistas han debido exiliarse. 

Esta violencia alcanza a defensores socioambientales, y en mayo fueron asesinados Marco Antonio Zuleta y Misael Mata Asencio.

Judicialización y estigmatización de las fuerzas armadas en Honduras

En Honduras se mantiene un ambiente de impunidad e inestabilidad que asfixia el ejercicio periodístico.

Organizaciones locales documentaron amenazas, hostigamientos, procesos judiciales y asesinatos de periodistas, entre ellos, el de Javier Hércules en mayo, pese a estar bajo protección.

La RELE-CIDH registró procesos penales contra numerosos medios y periodistas por injuria y calumnia, promovidos desde autoridades, buscando revelar fuentes y frenar investigaciones.

Además, declaraciones de Fuerzas Armadas que señalan a comunicadores como “enemigos del Estado” agravan la censura y la violencia.

Así, el periodista Dagoberto Rodríguez fue simultáneamente premiado y estigmatizado por las Fuerzas Armadas como “enemigo del Estado” y “sicario de la verdad”, junto a Juan Carlos Sierra y Rodrigo Wong Arévalo. 

Asimismo, se reportaron allanamiento y posibles torturas contra Frank Mejía y persecución a un equipo de Televicentro. 

Vigilancia y detenciones arbitrarias en Cuba

El informe destaca que en Cuba, la prensa independiente y activistas sufren vigilancia, hostigamiento y detenciones arbitrarias al cubrir las movilizaciones derivadas de la crisis económica y social que alimenta protestas ciudadanas por la escasez y los incrementos en tarifas de telefonía e internet. 

La respuesta oficial ha sido represión, censura y negación de la pobreza. 

En tanto, el alza de tarifas de telefonía e internet (ETECSA) generó un inusual pronunciamiento del claustro de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de La Habana, que calificó la medida de contraria al derecho de acceso a la comunicación y lesiva para la vida académica y social.