El Congreso de Sinaloa aprobó este martes reformas al Código Penal estatal que endurecen las sanciones por homicidio y añaden como causales agravantes los asesinatos de menores de edad, de periodistas y de elementos de seguridad pública.
La decisión de incluir a los periodistas como víctimas de homicidio calificado llega a un año del estallido de una crisis de seguridad sin precedentes en la entidad.
De acuerdo con medios nacionales, las modificaciones avaladas en sesión ordinaria por la 65ª Legislatura, incrementan la pena básica de homicidio doloso de 8-22 años a 12-24 años de prisión (art. 134) y elevan el rango de la penalidad máxima para homicidios con circunstancias específicas de 22-50 años a 25-50 años (art. 139).
A las seis circunstancias ya existentes se sumaron tres nuevas fracciones:
- VII. Cuando la víctima sea periodista y el crimen se cometa dolosamente derivado de su actividad informativa.
- VIII. Cuando la víctima sea servidor público perteneciente a una corporación policial.
- IX. Cuando la víctima sea menor de 18 años.
El dictamen, elaborado por la Comisión de Justicia, fusiona iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios de PAN y Morena.
Legisladoras y legisladores coincidieron en que el ajuste busca disuadir la violencia contra sectores particularmente vulnerables y responder a la demanda social de mayor protección frente a la criminalidad.
Los últimos doce meses han estado marcados por choques entre grupos criminales en la entidad, en los que la población ha padecido más de mil 500 homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos internos, de acuerdo con cifras oficiales citadas por la prensa local.
Al respecto, esta semana más de 70 periodistas y más de 20 organizaciones, colectivos, redes y activistas de derechos humanos de todo el país suscribieron un pronunciamiento conjunto para demandar a las autoridades garantías efectivas de seguridad, paz y libertad de expresión en la entidad.