El Código de Negociación de Medios de Comunicación de Australia, que permitió cambios en la Ley Australiana para hacer que las grandes plataformas pagaran por el uso de contenidos, fue el primer empujón a las negociaciones que se tienen mundialmente en la actualidad entre empresas y medios.
Anya Shiffrin, académica de la Universidad de Columbia expone en un artículo la viabilidad de imponer un impuesto tecnológico y plantea aspectos importantes a considerar como si existe el suficiente apoyo social para ello y el compromiso de los gobiernos para dedicar esos ingresos a apoyar al periodismo de calidad.
“Con el fin de los acuerdos del Código de Negociación surge una nueva pregunta: ¿qué sigue para asegurar que las grandes tecnológicas paguen por el contenido de noticias que distribuyen y del cual se benefician?”, expone Shiffrin.
En un artículo publicado en la plataforma editorial sin fin de lucro, The Conversation, explica que la legislación australiana de 2021 fue pionera en utilizar la ley de competencia para obligar a Google y Meta a pagar a los editores de noticias.
De acuerdo con Rod Sims, expresidente de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC), aunque los editores de noticias reciben 250 millones de dólares australianos al año, esta cantidad es solo una fracción de lo que sería un pago justo.
“A nivel global, este código ha tenido un impacto significativo. Países que consideran regulaciones similares han visto cómo Google llega a acuerdos con medios locales para evitar la legislación. Sin embargo, los pagos aún están lejos de ser equitativos”, ahonda la docente en medios e innovación de la Universidad de Columbia .
Lea el artículo completo en inglés en el enlace.
Meta ha adoptado una postura más desafiante, llegando a amenazar con eliminar completamente las noticias de sus plataformas en países con leyes similares, como ya lo hizo en Canadá.
¿Es óptimo un impuesto a las tecnológicas?
La directora de la especialización en Tecnología, Medios y Comunicaciones de la Universidad de Columbia, indica que ante esto, el gobierno australiano está considerando la implementación de un impuesto a las tecnológicas.
Aunque más de 18 países ya aplican impuestos digitales a streaming, ventas en línea, etcétera, ninguno de estos ingresos se ha destinado directamente al periodismo.
El artículo en el que colaboraron con Shiffrin, Philip Crane, Emma Goldhaber, Reena Mensingh y Lei Zhuxpuso, expuso que un impuesto tecnológico podría ser más efectivo que los códigos de negociación, ya que estos no resuelven por completo el desequilibrio de poder entre las plataformas y los medios.
Sin embargo, hay preguntas clave: ¿existe apoyo público para que los fondos se destinen al periodismo? ¿Quién decidirá la asignación de los recursos? Y, ¿cómo evitar que los gobiernos utilicen estos ingresos para favorecer a medios afines?
Shiffin expone que el periodismo ha sufrido un impacto considerable en sus ingresos publicitarios, lo cual junto al robo de propiedad intelectual desincentiva la capacidad de producir noticias.
No obstante, dado que el periodismo de calidad es un bien común del cual nos beneficiamos toda la sociedad, Shiffrin sugiere que el financiamiento público debe ser considerado por los gobiernos democráticos.
“El Código de Negociación abordó un problema clave: cómo hacer que las plataformas paguen por el uso de la propiedad intelectual de los medios. Sin embargo, no resolvió del todo la cuestión de cómo financiar el periodismo de calidad, un bien público esencial", expone el artículo.
"La solución parece estar en una combinación de impuestos digitales y financiamiento público para medios independientes y de calidad”, señalan los autores.
Como bien dice el economista Dean Baker, "la mejor política es la que puedes aprobar".
