Organizaciones internacionales en favor de la libertad de prensa anunciaron este martes la creación de un tribunal popular virtual que investigará los asesinatos de periodistas y exigirá responsabilidades a los gobiernos correspondientes.
Reporteros sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Free Press Unlimited (FPU) señalaron que solicitaron al Tribunal Permanente de los Pueblos que constituya un tribunal homónimo para juzgar estos asesinatos.
El objetivo de este nuevo tribunal es hacer que los países responsables de violaciones del derecho internacional rindan cuentas mediante la concienciación pública y la recopilación de pruebas legalmente admisibles, según explicó RSF.
LOS PRIMEROS CASOS: MÉXICO, SIRIA Y SRI LANKA
La primera audiencia será el 2 de noviembre en La Haya, y se acusará a los gobiernos de Sri Lanka, México y Siria "por no hacer justicia" en los asesinatos de los periodistas Lasantha Wickrematunge, Miguel Ángel López Velasco y Nabil Al-Sharbaji.
La abogada de derechos humanos Almudena Bernabeu, quien será la fiscal del tribunal, declaró que la frecuencia de los ataques contra periodistas y el nivel de impunidad es "alarmante", por lo que pidió a los países que asuman sus responsabilidades.
Esta primera audiencia, que coincide con el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes Contra los Periodistas, va "más allá de avergonzar a las autoridades por su terrible nivel de impunidad", dijo el secretario general de RSF, Christophe Deloire.
LAS METAS DEL TRIBUNAL
El papel de este tribunal es conseguir que se haga justicia para los periodistas asesinados, pero también dar la oportunidad de hablar a sus familiares y compañeros sobre sus pérdidas.
La periodista filipina Maria Ressa, que sufre amenazas de muerte en su país por las críticas al gobierno de Rodrigo Duterte, y Hatice Cengiz, prometida del periodista saudí asesinado en 2018 Jamal Khashoggi, declararán ese día.
Más de mil 400 periodistas han sido asesinados desde 1992, según RSF. A esto se le suma que en ocho de cada diez casos los autores no fueron detenidos.
