Un total de 36 organizaciones de la sociedad civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos denunciaron que la reciente aprobación de leyes secundarias en materia de acceso a la información y protección de datos personales representa un serio retroceso en materia de transparencia, al debilitar la estructura institucional y el marco normativo que ha garantizado estos derechos durante más de dos décadas.
En un comunicado conjunto, las organizaciones advirtieron que la reforma compromete la efectividad del sistema que hasta ahora tutelaba el derecho a saber y la protección de datos en México.
La semana pasada se aprobaron leyes secundarias de transparencia y se expidieron:
- La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
- La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;
- La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
- Se reformó el artículo 37, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
“Esta reforma representa un grave retroceso y pone en duda si el nuevo sistema tendrá la capacidad de tutelar de manera efectiva estos derechos”, señaló Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica.
Una de las preocupaciones centrales es el incremento en las causales para reservar información, lo que amplía la posibilidad de clasificar datos de interés público como confidenciales, en abierta contradicción con el principio constitucional de máxima publicidad.
“Con estas modificaciones, la opacidad se institucionaliza”, advirtieron, al señalar que información sobre temas estratégicos, megaproyectos o procesos administrativos podría quedar fuera del alcance ciudadano.
Otro punto crítico identificado por las organizaciones es la falta de directrices claras para el mantenimiento y continuidad de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como para la protección de los datos archivados durante más de una década.
La incertidumbre sobre su conservación y accesibilidad a largo plazo pone en riesgo el derecho de acceso a información histórica clave para el ejercicio democrático.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha cuestionado al Estado mexicano sobre los nuevos criterios para reservar información, sin obtener hasta el momento respuestas claras sobre la legalidad y proporcionalidad de estas restricciones.
Falta de transparencia y consulta pública
Las organizaciones firmantes señalaron que la aprobación de estas leyes se realizó sin abrir espacios de diálogo o mecanismos de participación ciudadana, a pesar de las reiteradas solicitudes de organizaciones civiles, periodistas y especialistas en la materia.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que será abrogada, ha sido ampliamente reconocida a nivel regional por su solidez y garantías en la materia.
“En menos de un mes se desmanteló un sistema que tomó más de 20 años construir”, denunció Artículo 19, al enfatizar que la reforma no solo careció de legitimidad participativa, sino que no se apega a los estándares internacionales de derechos humanos.
Las organizaciones alertaron sobre la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas funciones han sido trasladadas en su mayoría al Poder Ejecutivo federal, eliminando un contrapeso clave en el sistema de rendición de cuentas.
“Los organismos autónomos de transparencia fueron diseñados para garantizar el acceso a la información sin interferencias gubernamentales y construir políticas públicas nacionales que evitaran asimetrías en el ejercicio de este derecho. Su eliminación profundiza la concentración del poder, debilita los controles democráticos y limita la vigilancia ciudadana”, subrayaron.
La sociedad civil continuará en alerta
Las organizaciones señalaron que el Congreso ha incumplido su obligación constitucional de respetar, proteger y garantizar el derecho a saber. “Es inadmisible que avances de décadas en transparencia y protección de datos personales se vean comprometidos”, expresaron.
“Desde la sociedad civil seguiremos documentando los efectos de esta reforma y vigilando su implementación. La información es de todas y de todos, a pesar de estos retrocesos”.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Artículo 19, Fundar, Data Cívica, SocialTIC, México Evalúa, Red de Periodistas del Noreste, Arkemetría Social, Nosotrxs, Iniciativa Sinaloa, Abrimos.info, Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, entre otras.
