El año pasado se registraron 639 agresiones contra periodistas, lo que significa una agresión cada 14 horas y un aumento del 13.9% respecto a 2023, de acuerdo con Artículo 19.
En su informe anual Barreras Informativas: Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, la organización internacional indicó que México se encuentra atrapado en una crisis informativa que amenaza con socavar sus bases democráticas.
“La violencia contra la prensa, la opacidad, la vigilancia estatal, la desmemoria oficial y el debilitamiento institucional configuran un escenario de regresión en derechos fundamentales”, señaló.
El informe revela que en 2024, cinco periodistas fueron asesinados, entre ellos Mauricio Cruz Solís, la primera víctima fatal durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.
En tanto, el acoso judicial, empleado como una herramienta de censura, también mostró un repunte preocupante con 21 casos documentados, de los cuales cerca de un tercio se relacionan con violencia política de género durante el proceso electoral.
Las agresiones digitales no quedaron atrás, representando uno de cada cinco ataques registrados. Además, el Estado mexicano se mantiene como el principal agresor, pues funcionarios públicos estuvieron involucrados en casi el 45% de las agresiones documentadas.
Las entidades más peligrosas para la prensa durante el último año fueron Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Puebla y Guanajuato, que concentraron más de la mitad de las agresiones.
Dado lo anterior, la organización Artículo 19 exigió la consolidación de una política nacional de protección para periodistas, que priorice la prevención, la justicia y la reparación integral.
Actualmente, más del 84% de las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) permanecen impunes.
Asimismo, hizo un llamado urgente al gobierno para abrir un diálogo genuino con la sociedad civil y avanzar hacia políticas públicas que garanticen la libertad de expresión, el acceso a la información y la defensa de los derechos humanos.
Opacidad, una barrera a la libertad de expresión
El informe también pone la lupa sobre el avance de la opacidad y la vigilancia gubernamental como barreras a la libertad de expresión y el acceso a la información.
A este respecto, Artículo 19 calificó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como un golpe histórico contra la rendición de cuentas.
La organización advirtió que la supresión del organismo abre la puerta a la opacidad, dificultando el acceso ciudadano a información pública y poniendo en riesgo millones de archivos que resguardaba la Plataforma Nacional de Transparencia.
Asimismo, la organización expuso que las reformas recientes que plantean la creación de una base de datos nacional de usuarios de telefonía móvil también representan una amenaza.
Advirtió que la digitalización, si no se acompaña de marcos legales sólidos y salvaguardas eficaces, podría convertirse en un instrumento de exclusión y vigilancia masiva.
A este respecto, agregó que los contratos sin licitación pública, como los celebrados por el Instituto Nacional de Migración y la Fiscalía General de la República para adquirir tecnologías de monitoreo invasivo, revelan una preocupante falta de controles y garantías para proteger la privacidad de la población.
La organización también criticó la manera en que el Estado ha manejado la memoria histórica y las violaciones a los derechos humanos.
"Pese a gestos simbólicos, como la disculpa pública por la masacre de Tlatelolco, persisten omisiones graves, como el silencio oficial ante las más de 124 mil personas desaparecidas y los más de 72 mil cuerpos sin identificar en el país".
