Durante el primer semestre de 2023, la organización Article 19 documentó 272 agresiones contra periodistas en México, con lo que suman 2,941 casos de violencia contra la prensa perpetrados durante lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esto equivale, advirtió la organización, a 1 agresión cada 16 horas en el primer semestre del 2023, cometida en contra de periodistas y medios de comunicación en el país.
A la fecha de edición de este informe, indicó Article 19, se documentaron al menos 3 asesinatos de periodistas, perpetrados en posible vínculo con su labor periodística: Marco Aurelio Ramírez Hernández el 23 de mayo, Luis Martín Sánchez Íñiguez el 7 de julio, y Nelson Matus Peña el 15 de julio. También se documentó la desaparición de Juan Carlos Hinojosa, el 6 de julio. Con estos casos, la lista de periodistas asesinados desde el año 2000 ascendió a 161, de los cuales, 41 ocurrieron en la actual administración, mientras que 32 periodistas permanecen desaparecidos, 5 de quienes fueron desaparecidos en este gobierno.
De enero a junio de 2023, Article 19 reporta un sostenimiento de la violencia, lo cual, es un reflejo tanto de una serie de discursos estigmatizantes contra la prensa, catalogándolos como adversarios a la ciudadanía, y de una impunidad y falta de atención a los casos de violencia contra periodistas, tanto del pasado como del presente.
Los ataques en la primera mitad del 2023
Article 19 documentó que las agresiones con mayor registro este semestre fueron las intimidaciones y hostigamientos con 68 casos (25% del total), seguidos del uso ilegítimo del poder público con 61 casos (22.43%), y amenazas, con 49 casos (18.01%). Estas tres categorías en conjunto sobrepasan el 65% de todas las agresiones y ataques contra periodistas y medios en el país
Las intimidaciones y hostigamientos, entendiéndose como actos que buscan inhibir, coartar o censurar la labor periodística al generar un sentimiento de intimidación y provocar autocensura en la prensa, continúan siendo, como en los últimos tres años, el tipo de violencia más común al cuál se enfrentan las y los periodistas en México.
“Ejemplos de este tipo de violencia son las comunicaciones enviadas ya sea de manera directa a la prensa, o colocadas en espacios públicos para intimidarla, ambas con el objetivo de generar un efecto de censura”, indicó la organización.
Tal es el caso de los mensajes intimidatorios públicos en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, en los primeros días de junio. Periodistas locales reportaron a Article 19 que presuntos integrantes de la delincuencia organizada colgaron mantas en varios puentes peatonales, en donde se afirmaba que la prensa está “siendo llevada por el ejército” a ciertas zonas de Chiapas. Las comunicaciones intimidatorias documentadas son parte de una estrategia de intimidación presuntamente de estos grupos de delincuencia organizada que buscan presionar a la prensa a dejar de cubrir zonas en disputa o temáticas específicas, violentando su derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.
En cuanto al uso ilegítimo del poder público, de los 61 casos documentados, 47 son casos de estigmatización contra periodistas. Desde su informe anual 2019 “Disonancia”, Article19 externó su preocupación por comentarios hostiles contra la prensa por parte de personas funcionarias públicas del equipo de presidencia, así como por las consecuencias y el efecto cascada de que estos discursos se repitan por actores en otros niveles de gobierno, así como por particulares.
Un caso notorio de esto fueron los discursos emitidos por Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí el 29 de junio, cuando criticó la cobertura y difusión de la muerte de un trabajador en la construcción de la Arena Potosí, una obra gestionada por su administración. El gobernador dijo:
“Hay a quienes les interesa más el que se murió en una obra, imagínense, qué méndigos son, mientras que el pueblo que se friegue, pero son poquitos ya, porque hasta eso, los medios serios, pues son serios, pero hay uno que otro portalito que, como no se les paga, y antes les pagaban, la maldita herencia, pues hoy están chingue y chingue. ¿apoco no? […] pero no le vamos a quitar una beca a una familia, un apoyo en efectivo a un adulto mayor o a una madre soltera por pagarle a esos cabrones. Mejor que sigan chingando. ¿Están de acuerdo? Entonces si no, ¿con qué nos divertimos? Necesitamos diversión. Lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, ver arder el mundo”, dijo el gobernador
En los últimos años, organizaciones de sociedad civil, así como la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado su preocupación y rechazo a la continuidad de estos discursos y de su normalización. En su último informe anual, la RELE enfatizó la problemática del discurso estigmatizante por líderes públicos [...] los funcionarios públicos deben tener en cuenta que su condición implica una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, “sus declaraciones no pueden desconocer éstos ni constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento”.
La RELE también advirtió sobre su impacto en un contexto de violencia como es el de México:
Esto quiere decir, además, que deben abstenerse de realizar discursos que puedan, directa o indirectamente, alentar o promover violencias contra personas comunicadoras y periodistas. Para la Relatoría Especial, el discurso oficial estigmatizante, que califica el trabajo de la prensa como “mentiras” o “noticias falsas”, o los etiqueta como “conservadores” o “del régimen”, no sólo contribuye al deterioro del debate público sino que además tiene el potencial de incrementar los riesgos inherentes a la labor periodística, especialmente en un contexto de escalada de violencia contra personas comunicadoras.
Asesinatos
Marco Aurelio Ramírez Hernández, Luis Martín Sánchez Íñiguez y Nelson Matus Peña fueron asesinados este 2023. Sumando sus casos a un listado infame de violencia letal en México, desde el año 2000 a la fecha ya han sido asesinados 161 periodistas y comunicadores. De estos casos, 41 ocurrieron en la actual administración.
Perpetradores
Este primer semestre de 2023 no ha sido la excepción y mantiene la misma tendencia desde 2007, teniendo al Estado como el principal agresor contra la prensa. Durante estos primeros seis meses del año, las autoridades son responsables de perpetrar 140 agresiones, lo que equivale a un 51.47% del total. Dicho de otra forma, las autoridades son responsables de 1 de cada 2 agresiones contra periodistas y medios. Las y los funcionarios públicos civiles cometieron 102 agresiones (37,50%); las fuerzas de seguridad civiles 34 (12.50%), y las fuerzas armadas, 4 agresiones (1.47%)
Distribución geográfica
En este primer semestre de 2023, 26 entidades federativas presentaron casos de violencia contra la prensa, dicho de otra forma, arriba del 81% de los estados del país registraron al menos una agresión o ataque contra un periodista o medio de comunicación.
Las entidades con más agresiones documentadas por Article 19 contra la prensa fueron la Ciudad de México (65 casos, o 23.90% del total), Quintana Roo (21 casos, equivalente a 7.72%), Guanajuato (19, es decir el 6.99%), Puebla (18, o el 6.62%), y Coahuila (17, o el 6.25%). Esto no implica necesariamente que sean las entidades federativas más peligrosas para la prensa, sino que son las entidades de la cual existe un mayor número de reportes este semestre.
