Gobiernos y otros actores utilizan cargos económicos, como evasión fiscal y lavado de dinero, para silenciar y atacar a periodistas y medios de comunicación independientes, de acuerdo con un informe elaborado por WAN-IFRA y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Estas acusaciones, que incluyen delitos financieros, buscan no solo debilitar la viabilidad financiera de los periodistas y medios, sino también dañar la reputación de los periodistas.
Miembros de WAN-IFRA, informan un aumento en los gastos legales y un alza significativa en los desafíos legales que afectan sus operaciones diarias. El 44% de los encuestados del informe World Press Trends Outlook 2023-2024 de WAN-IFRA reportaron haber enfrentado intimidación y represalias legales durante los últimos 12 meses.
Las consecuencias incluyen detenciones prolongadas, multas elevadas, congelación de activos, cierre de medios y exilio de periodistas. Además, la defensa legal es costosa y de difícil acceso. Este uso indebido de las leyes crea un efecto disuasorio para el periodismo y contribuye a la estigmatización pública de los profesionales de los medios, calificándolos de criminales.
Afectaciones en América Latina
En América Latina el informe analiza los casos de El Faro en El Salvador y el del periodista guatemalteco José Rubén Zamora.
En El Salvador, el medio El Faro, ha sido objetivo del gobierno de Nayib Bukele durante años.
Desde 2020, las amenazas contra el medio aumentaron tras la publicación de un reportaje sobre negociaciones entre el gobierno y pandillas para reducir homicidios a cambio de beneficios.
Un mes después, Bukele acusó públicamente a El Faro de lavado de dinero y evasión fiscal sin presentar pruebas. A pesar de las auditorías fiscales previas, el medio no había sido notificado formalmente. Los periodistas de El Faro han sido víctimas de acoso, amenazas legales e intimidación debido a su trabajo.
Mientras que en Guatemala, en 2022, José Rubén Zamora, periodista y presidente del diario El Periódico, fue acusado de lavado de dinero y otros crímenes financieros, junto con la directora financiera del medio, Flora Silva.
Zamora fue condenado a seis años de prisión, aunque en 2023 la sentencia fue revocada y se ordenó un nuevo juicio. En mayo de 2024, un tribunal ordenó su liberación bajo arresto domiciliario, pero siguió en prisión debido a otros dos casos en su contra.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria ha calificado su detención como arbitraria y pidió su liberación. Finalmente, fue liberado tras una gran presión internacional el pasado 19 de octubre, tras pasar 812 días en prisión preventiva.
Este caso refleja el deterioro del espacio cívico en Guatemala y la creciente criminalización de periodistas que cubren temas de interés público. Los cargos financieros se han convertido en una táctica preocupante para silenciar a periodistas, activistas y opositores en Guatemala.
El caso de Zamora ha tenido un efecto intimidatorio entre los periodistas guatemaltecos, y más de 20 han huido del país por temor a la persecución legal. Además, los abogados defensores de Zamora han sido acosados, algunos encarcelados y otros han tenido que huir, dificultando su defensa legal.
Estrategia global que afecta la libertad de prensa
El informe “Mal uso de cargos económicos para silenciar, amenazar y atacar a la prensa”, revisa seis casos recientes adicionales a los de El Salvador y Guatemala, de diferentes países, destacando que este tipo de tácticas es parte de una estrategia global que afecta gravemente la libertad de prensa.
Las principales tendencias identificadas a través de la revisión realizada en el informe son:
- La amenaza de prisión que estos cargos económicos suponen tiene un fuerte efecto disuasorio en la comunidad de medios, tanto en el país afectado como a nivel mundial.
- Dado que los cargos financieros corresponden a la ley penal, muchos enjuiciamientos resultan en largos periodos de detención preventiva, condenas de prisión y multas cuantiosas. Las consecuencias también incluyen el exilio del personal, la ruina financiera y el cierre de las operaciones del medio.
- Durante la investigación penal y el juicio, los periodistas y los medios pueden ser privados del acceso a cuentas bancarias y ver congelados sus activos, lo que obstaculiza sus finanzas.
- La defensa legal contra estos cargos es muy costosa y requiere acceso a abogados especializados en derecho penal y fiscal, así como expertos contables y otros profesionales, a los que los periodistas y medios de comunicación no tienen fácil acceso. A menudo, las organizaciones de medios y periodistas dependen de la buena voluntad y el compromiso con las libertades de las firmas legales y contables que trabajan con ellos, pero los abogados que defienden estos casos también están siendo cada vez más atacados.
- La narrativa detrás de estos cargos busca etiquetar a los periodistas como criminales, erosionar el apoyo público y atacar la reputación del periodista o del medio de comunicación.
Ante el cúmulo de consecuencias que afectan negativamente a los periodistas y medios independientes, así como a la libertad de prensa, el informe subraya la necesidad urgente de desarrollar estrategias para contrarrestar este fenómeno y proteger la libertad de expresión y de prensa.
