La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación ante la querella penal interpuesta contra Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces (RCV), por parte de la Secretaría de Finanzas de Honduras (Sefin).
En un comunicado, la SIP expuso que esta acción representa un intento de intimidación en respuesta a un reportaje sobre el presunto uso irregular de fondos públicos.
"Las demandas penales contra periodistas constituyen un mecanismo de censura que vulnera los principios democráticos y contraviene los estándares internacionales de libertad de expresión", advirtió José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y CEO de La Prensa Gráfica de El Salvador.
"Este tipo de acciones buscan desalentar el periodismo investigativo, esencial para la rendición de cuentas y la transparencia", agregó.
Por su parte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, subrayó que los funcionarios públicos deben estar sujetos a mayor escrutinio por parte de la prensa y que, en lugar de recurrir a demandas penales, las autoridades deben garantizar un ambiente propicio para el ejercicio del periodismo independiente.
La SIP indicó que ha observado con preocupación el deterioro de la libertad de prensa en Honduras.
En enero, la organización se pronunció contra una querella del Sistema Nacional de Emergencia 911 contra periodistas de El Heraldo. En febrero, condenó una campaña de intimidación por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien inició acciones legales contra 12 medios para obligarlos a revelar sus fuentes.
Aunque posteriormente anunció que retiraría las denuncias, hasta ahora no ha concretado esta decisión.
La SIP hizo un llamado a las autoridades hondureñas para que cesen el uso del sistema judicial como mecanismo de censura y garanticen el ejercicio del periodismo sin represalias ni presiones políticas.
RCV reportó el uso irregular de fondos públicos
De acuerdo con la SIP, RCV publicó un informe en el que reveló un sobregiro de 6 mil 500 millones de lempiras (aproximadamente 250 mil dólares) en la Tesorería General de la República.
Según la investigación, estos fondos habrían sido utilizados en la organización de elecciones primarias y administrados por la Sefin, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Banco de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
En respuesta, la Sefin interpuso una demanda por injurias y calumnias contra Dagoberto Rodríguez, director del medio, y acusó al medio de difundir información sin pruebas documentales. Además, sostuvo que la Ley de Emisión del Pensamiento garantiza la libertad de información, “pero no el uso de información falsa o inexacta”.
Frente a esto, RCV defendió la veracidad de su investigación y reafirmó su compromiso con la transparencia en la gestión de recursos públicos.
La emisora argumentó que su labor se fundamenta en el derecho constitucional de informar a la ciudadanía y rechazó cualquier intento de censura o amedrentamiento.
Acoso judicial contra medios y periodistas
Las denuncias penales contra periodistas por presuntas calumnias e injurias contradicen los estándares internacionales de libertad de expresión.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establecen que ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas contra el poder público.
Diversas organismos internacionales coinciden en que las leyes civiles son suficientes para resolver disputas por presunta difamación, sin necesidad de recurrir al ámbito penal.
