A 14 años del asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, el caso sigue marcado por la impunidad, la opacidad institucional y las serias dudas sobre la investigación oficial, en uno de los crímenes más emblemáticos contra la prensa en México.
Su asesinato buscó silenciar a una voz valiente que documentaba el avance del narcotráfico en Veracruz, los vínculos entre el crimen organizado y autoridades estatales y municipales, el enriquecimiento ilícito de funcionarios y los abusos cometidos contra comunidades por cuerpos de seguridad y caciques locales.
Regina Martínez, trabajó para la revista Proceso durante más de una década y en reportajes publicados antes de su ataque, la periodista tllevó un seguimiento puntual de los crímenes masivos y las ejecuciones en Veracruz y en una de sus publicaciones, narró cómo el narcotráfico se había apoderado de la entidad.
Regina Martínez fue asesinada el 28 de abril de 2012, y habría recibido amenazas previas en su casa y mediante mensajes que la periodista no difundió públicamente.
Su crimen ocurrió durante el gobierno de Javier Duarte, una administración bajo la cual fueron asesinados 18 comunicadores en Veracruz entre 2010 y 2016.
Tras su asesinato, periodistas, medios y organizaciones defensoras de la libertad de expresión exigieron al gobierno de Veracruz una investigación seria y el castigo a los responsables.
Seis meses después del crimen, la policía realizó una detención relacionada con el caso, y entre octubre de 2012 y octubre de 2014 se desarrolló el juicio que concluyó con la condena de Jorge Antonio Hernández Silva, señalado como uno de los dos sospechosos del asesinato.
Aunque el entonces gobernador Javier Duarte presentó el resultado como un éxito, la investigación fue fuertemente criticada por especialistas y observadores independientes, que señalaron irregularidades graves y anomalías en la construcción del caso.
Además de la impunidad del crimen, prevaleció la falta de transparencia, pues en 2020, ocho años después del asesinato, la Fiscalía General de la República, a través de la FEADLE, se negó a entregar copia de la averiguación previa en respuesta a una solicitud de transparencia, bajo el argumento de que se trataba de una investigación abierta.
El Comité de Transparencia de la FGR sostuvo entonces que hacer público el expediente afectaría las facultades de investigación del Ministerio Público Federal y reduciría su capacidad para allegarse de elementos necesarios para esclarecer los hechos y sustentar eventuales imputaciones.
Así, confirmó la reserva del expediente por cinco años más, o hasta que concluyeran las acciones de investigación y persecución del delito.
Por otro lado, en octubre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el amparo que interpuso la revista Proceso para ser reconocida como víctima indirecta en el caso del asesinato hace 11 años y medio de su corresponsal en Veracruz, Regina Martínez.
El propósito del amparo era que el Estado mexicano reconociera los efectos adversos que tienen los asesinatos de periodistas en la labor de los medios de comunicación y en la libertad de expresión.
Con su decisión, la Primera Sala de la Corte negó a los medios de comunicación ser considerados como víctimas indirectas en caso de violaciones graves a los derechos humanos de sus colaboradores.
