El asesinato de periodistas siempre tiene la pretensión de callar la verdad, y el caso de Regina Martínez Pérez no es la excepción, pues documentó el asentamiento del narcotráfico en el estado de Veracruz, así como los vínculos entre el crimen organizado y el gobierno estatal y municipal, el enriquecimiento ilícito de de funcionarios y las violaciones a comunidades por parte de cuerpos de seguridad o de caciques.
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Sin embargo hubo algo que Regina Martínez calló: las amenazas en su contra.
Martínez había trabajado para la Revista Proceso durante más de una década y era reconocida por sus investigaciones, muestra de ello fue la venta masiva del número 1821 del semanario, en cuya portada se leía “Veracruz. Sangriento reacomodo narco”, en donde explicó la forma en que el narcotráfico se había apoderado del estado.
Documentó la violencia extrema por una guerra territorial entre el cártel de Los Zetas y el cártel de Jalisco Nueva Generación.
Las amenazas previas las recibió tanto en su casa como a través de mensajes que la periodista no difundió públicamente.
A 10 AÑOS DE SU ASESINATO
El 28 de abril del 2012, Martínez Pérez se convirtió en una de las y los 18 comunicadores que fueron asesinados en Veracruz durante la administración de Javier Duarte en la entidad (2010-2016). En el actual sexenio en la entidad suman cinco periodistas asesinados, siendo el último el de José Luis Gamboa.
Ese día la periodista fue hallada estrangulada en el baño de su domicilio.
El brutal asesinato motivó una ola de indignación y los periodistas y las organizaciones en defensa de la libertad de prensa instaron al Gobernador de Veracruz a investigar el asesinato y a llevar a los autores ante la justicia.
Seis meses después, la policía efectuó un arresto en relación con el caso y entre octubre de 2012 y octubre de 2014 tuvo lugar el juicio, que supuso la condena de Jorge Antonio Hernández Silva, uno de los dos sospechosos del asesinato.
Aunque el gobernador Duarte lo consideró un éxito, la investigación policial fue muy criticada entre diversos expertos y observadores, que señalaron considerables anomalías en la investigación oficial.
FALTA DE TRANSPARENCIA
En 2020, ocho años después del crimen, en respuesta a una solicitud de transparencia para tener acceso al expediente que la FEADLE la Fiscalía General de la República (FGR) se negó a entregar copia de la averiguación previa debido a que “es una investigación abierta”.
El Comité de transparencia de la FGR detalló que la entrega del expediente implicaría impactar en las facultades de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación, “así como disminuir la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito, y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la imputación correspondiente”.
En sesión del 20 de octubre determinó confirmar la reserva de la averiguación hasta por un periodo de cinco años, “o bien, hasta en tanto subsistan las acciones de investigación y persecución del delito”.
El consorcio internacional de periodistas Forbidden Stories, por su parte, como parte del “Proyecto Cartel”, en el que participaron 60 periodistas de 25 organizaciones y medios de 18 países, investigó el homicidio de Regina Martínez, y fue entonces que por primera vez las autoridades involucradas en la investigación y juicio del asesinato decidieron dar su versión sobre el crimen, además de permitir acceso público del expediente.
El 22 de junio de 2021, la Revista Proceso solicitó el reconocimiento de su calidad de víctima en la averiguación previa seguida ante FEADLE, con la intención de ser coadyuvante y poder aportar elementos en el caso.
(djh)
