Las ordenes ejecutivas y cambios regulatorios efectuadas durante los primeros 100 días de la presidencia de Donald Trump, han creado un clima de hostilidad hacia la prensa que podrían restringir la circulación de información verificada en Estados Unidos, alertó en un informe especial el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El informe del CPJ documenta además un aumento “significativo” en el número de salas de redacción que buscan asesoramiento sobre seguridad, preocupadas de que el cambiante entorno político nacional pueda amenazar su capacidad de informar sin temor a represalias de las autoridades.
“Los periodistas siempre son los primeros en ser atacados cuando la democracia decae, y las acciones del actual gobierno estadounidense deberían ser una señal de alarma para todos los periodistas, todas las salas de redacción y todos los ciudadanos de Estados Unidos”, advirtió Jodie Ginsberg, directora ejecutiva del CPJ.
“Este no es momento de ser complacientes ni de ignorar estos comportamientos. Si permitimos que lo anormal se normalice, muchas más libertades estarán en riesgo, independientemente de la ideología política”, ahondó Ginsberg, al presentar el documento.
Señales de alarma
El CPJ detalló cuatro frentes principales de preocupación:
- Acceso restringido a la Casa Blanca. Cambios en los criterios para integrar el “press pool” favorecen a medios afines y dejan fuera a agencias como The Associated Press, privando a miles de suscriptores de cobertura directa y en tiempo real.
- Politización de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y otras agencias. Nombramientos con fuerte sesgo ideológico generan temor a un uso partidista de la regulación—una situación descrita por un experto como “Nixon con esteroides”.
- Amenaza de retirar fondos a NPR y PBS. El retiro de apoyo federal a medios públicos pondría en riesgo a comunidades que dependen de estas señales, sobre todo en los crecientes “desiertos informativos”.
- Reapertura de investigaciones sobre cadenas nacionales. Los medios CBS, ABC y NBC enfrentan un escrutinio que reporteros temen se convierta en represalia por coberturas sensibles, como la inmigración.
Propuestas en un Frente común
Para contrarrestar la escalada, el CPJ, junto con organizaciones aliadas, llamó a fortalecer la coordinación con medios de todo el país. Asimismo, expuso que presentó amicus curiae ante los tribunales, al tiempo que asesora a periodistas en materia de seguridad digital y física.
El documento incluye un amplio paquete de recomendaciones para todos los sectores, entre los que destacan:
Al Poder Ejecutivo, pidió restaurar el acceso pleno de la prensa a dependencias federales; garantizar la independencia editorial frente a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC); limitar inspecciones de dispositivos sin orden judicial en fronteras; agilizar respuestas a solicitudes de la Ley de Libertad de Información (FOIA).
Mientras que urgió al Congreso a aprobar la Ley PRESS (protección contra vigilancia), la Ley de Protección de la Libertad de Expresión (anti-SLAPP) y asegurar el estatus legal de periodistas de la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM) en riesgo.
En tanto, recomendó a los gobiernos locales y estatales reforzar leyes de acceso a información, derogar delitos de difamación y adoptar marcos anti-SLAPP robustos.
Por otro lado, llamó al sector privado a evitar que sus tecnologías se usen para espiar reporteros; y defender privacidad y libertad de expresión cuando enfrenten presiones gubernamentales.
Asimismo, sugirió a medios y periodistas implementar protocolos de seguridad, compartir información sobre amenazas y visibilizar abusos, demandas infundadas y otras formas de acoso.
El CPJ señaló que la defensa de la Primera Enmienda “no puede darse por sentada” y llamó a ciudadanía, medios y poderes públicos, desde los municipios hasta la Corte Suprema, a “salvaguardar la libertad de prensa como pilar esencial de la democracia estadounidense”.
